El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, ha solicitado al Departamento Administrativo de la Función Pública una revisión del concepto que establece la aplicación de la edad de retiro forzoso de 70 años en su entidad.
Según informó W Radio, esta normativa podría obligar a Rodríguez a abandonar su cargo, lo que ha generado una controversia en torno a la interpretación de las disposiciones legales aplicables a la UNP.
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En una comunicación dirigida al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que también ejerce como director encargado del Departamento de Función Pública, Rodríguez pidió que se aclaren las discrepancias entre el concepto actual y pronunciamientos previos que, según él, reconocen excepciones para entidades descentralizadas como la UNP.
El funcionario argumentó que la UNP, al ser una unidad administrativa especial con autonomía administrativa y financiera, no debería estar sujeta a la edad de retiro forzoso.
De acuerdo con lo explicado por Rodríguez, la UNP se rige por el decreto 4065, que le otorga características específicas como unidad administrativa especial del orden nacional, con personería jurídica y autonomía tanto administrativa como financiera.
Estas particularidades, según el director, la excluyen de la aplicación de la normativa general sobre la edad de retiro forzoso. Sin embargo, el concepto emitido por el Departamento de Función Pública no habría considerado estas excepciones, lo que ha llevado a Rodríguez a cuestionar su validez.
El funcionario también señaló que la consulta que dio origen a este concepto fue presentada por Yesid Barragán Ríos, presidente de la Organización Sindical Asep.
Según Rodríguez, dicha consulta fue “amañada”, lo que habría contribuido a la confusión sobre la normativa aplicable a la UNP. En este contexto, el director solicitó una revisión exhaustiva que tenga en cuenta las características específicas de la entidad que dirige.
La solicitud de Rodríguez se produce en medio de un debate más amplio sobre la edad de retiro forzoso en entidades públicas. Según reportó W Radio, Barragán Ríos, en representación de Asep, había elevado una petición para que se aplicara esta normativa a la UNP, lo que derivó en el concepto emitido por Función Pública.
Este documento, que confirma la aplicación de la edad de retiro forzoso, ha sido cuestionado por Rodríguez, que considera que no se ajusta a la naturaleza jurídica de la entidad.
El director de la UNP también hizo un llamado al ministro de Trabajo para que se revisen los antecedentes y se emita un pronunciamiento que resuelva las discrepancias.
Según explicó, existen pronunciamientos previos que reconocen excepciones para entidades descentralizadas como la UNP, lo que refuerza su posición de que la normativa general no debería aplicarse en este caso.
La Unidad Nacional de Protección retira esquema de seguridad a excongresista
En paralelo, otro caso ha alimentado la controversia alrededor de las decisiones que toma la UNP: el retiro del esquema de seguridad del excongresista y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Juan Diego Gómez.
Según informó la fuente mencionada, Gómez fue notificado en julio de 2024 sobre la suspensión de sus medidas de protección tras una evaluación técnica que concluyó que su nivel de riesgo había disminuido.
La decisión fue tomada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) y defendida por el propio Rodríguez, quien aseguró que la UNP actúa con base en análisis técnicos y no por motivaciones políticas.
No obstante, Gómez ha denunciado una posible persecución política, pues la decisión se produjo pocos días después de que presentara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Además, ha sido mencionado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia en un presunto caso de vínculos con el contrabandista Diego Marín, alias Papa Pitufo, acusaciones que el excongresista ha calificado como un montaje.
El medio también destacó que el esquema de seguridad de Gómez fue inicialmente otorgado durante su periodo como congresista, bajo un convenio entre el Congreso y la UNP.
Sin embargo, al finalizar su mandato, la administración anterior ordenó el retiro de las medidas de protección para todos los parlamentarios. En ese momento, Gómez presentó un recurso de reposición que permitió extender las medidas por algunos meses más.
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