Ecopetrol anunció que detuvo la operación en Caño Sur por situación de orden público en instalaciones

Ecopetrol enfrenta una compleja situación en las instalaciones de inyección del PAD 6 de Campo Rubiales, la Estación Centauros y Centro de Generación Caño Sur, tras el ingreso irregular de “personas ajenas a la operación”.

Según informó la compañía en la tarde del 1 de abril, a través de un comunicado, los desconocidos obligaron a los operadores a apagar de manera abrupta los equipos, lo que ha generado riesgos significativos para la seguridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones.

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“Ecopetrol informa que personas ajenas a la operación ingresaron de forma irregular este lunes 31 de marzo, a las instalaciones de inyección del PAD 6 de Campo Rubiales, la Estación Centauros y Centro de Generación Caño Sur, ubicados en Puerto Gaitán, Meta, y obligaron a los operadores que se encontraban allí, a apagar de forma abrupta dichas facilidades”, informó la compañía.

En ese contexto, informaron que se decidió suspender las actividades en el campo Caño Sur, lo que afecta directamente el desarrollo normal de las operaciones en la región.

“Esta situación, que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes, se suma a una serie de bloqueos que se están registrando en vías internas de los dos campos desde el pasado viernes 28 de marzo, que impiden el normal desarrollo de las operaciones, la ejecución de actividades de proyectos y la perforación que Ecopetrol tiene en el área”, enfatizó Ecopetrol.

La empresa aseveró que la paralización de las operaciones en los campos petroleros tiene un impacto directo en la fuerza laboral de la región, debido a que actualmente más de 7.500 personas están vinculadas a las operaciones de estos activos, y la interrupción afecta directamente a 3.800 trabajadores.

Además, la petrolera señaló que la detención abrupta de las actividades en estos campos representa un reto para la sostenibilidad de las operaciones en el Meta. La empresa destacó que es crucial recuperar la normalidad en la región para garantizar tanto la seguridad de las personas como el desarrollo de los proyectos estratégicos.

“Ecopetrol rechaza estas vías de hecho y hace un llamado al diálogo y la búsqueda de la construcción colectiva para la resolución de conflictos con la institucionalidad como mecanismo del buen relacionamiento y la transformación del territorio, de manera que se logre recuperar la normalidad en la región”, complementó el comunicado.

Los bloqueos en las vías internas de los campos Rubiales y Caño Sur han sido un factor determinante en la crisis actual, debido a que han dificultado el transporte y la logística necesarios para el desarrollo de las operaciones, lo que ha generado retrasos en la ejecución de proyectos clave.

Y es que el paro liderado por miembros de la minga indígena proveniente de los resguardos El Tigre y Alto Unuma en la región de Caño Sur, cerca de Rubiales, ha desencadenado una serie de protestas en los campos petroleros del departamento.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética (Utipec) y la Federación de Trabajadores y Profesionales del Petróleo y Energía de Colombia (Fetrappem), Alejandro Ospina Angarita, rechazó contundentemente estas manifestaciones, señalando que miles de trabajadores de empresas de hidrocarburos en la región se encuentran en peligro.

El dirigente sindical denunció que las protestas están siendo incentivadas por ciertos grupos con intereses tanto ideológicos como económicos.

“Miembros de las comunidades indígenas probablemente instrumentalizados por grupos con intereses ideológicos y económicos están promoviendo la toma hostil de las instalaciones, están obligando a los trabajadores a salir de allí, incluso en medio de operaciones altamente complejas y muy peligrosas por el manejo de altas presiones, de sustancias combustibles que generan atmósferas explosivas y que ponen en riesgo la vida de muchas personas”, indicó.

Desde la Utipec, también señalaron la falta de respuesta por parte del Gobierno nacional, calificando su actitud como pasiva ante esta problemática que constituye, según la organización, una grave alteración del orden público.