Gobierno cede a la presión y extiende suspensión del peaje de Turbaco por nueve meses más

El cobro en el peaje de Turbaco, ubicado en el departamento de Bolívar, continuará suspendido hasta el 31 de diciembre de 2025 para los vehículos de categorías I y II, que incluyen automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses y busetas. Así lo estableció el Ministerio de Transporte a través de la Resolución 20253040011775, extendiendo una medida que se viene prorrogando desde hace varios años debido a la fuerte oposición de la comunidad.

La decisión del Gobierno se fundamentó en un concepto técnico emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el que se señaló que la extensión de la suspensión por nueve meses más es viable. En este documento, la entidad destacó que la zona atraviesa una “situación social crítica”, lo que justifica la continuidad de la medida. Además, la ANI aseguró que existen suficientes mecanismos de compensación para cubrir la falta de recaudo y garantizar la estabilidad del proyecto vial en el que está incluido este peaje.

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El peaje de Turbaco forma parte del esquema de financiación del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla, una obra clave para mejorar la conectividad en la región. Sin embargo, desde su adjudicación en 2021 a la concesión Autopistas del Caribe, su operación enfrentó dificultades debido a las protestas de la comunidad. Los habitantes y transportadores de la zona manifestaron su inconformidad con el cobro, argumentando que afecta la economía local y no representa un beneficio directo para ellos.

Ante esta situación, el Ministerio de Transporte optó por mantener la suspensión del cobro en reiteradas ocasiones. No obstante, en la más reciente resolución, la entidad dejó claro que es necesario encontrar una solución definitiva a este conflicto, pues la estructura financiera del proyecto se ve impactada por la falta de ingresos provenientes del peaje.

El Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla es una de las obras de infraestructura más importantes para la región Caribe, pues contempla la construcción de 74 kilómetros de segundas calzadas, 20 kilómetros de variantes y 8 intersecciones a nivel y desnivel. Además, incluye la operación y el mantenimiento de las vías existentes entre ambas ciudades, con el objetivo de mejorar la movilidad y la eficiencia en el transporte de carga y pasajeros.

El contrato de concesión fue adjudicado en 2021 con un plazo de 35 años, de los cuales 1,5 corresponden a la fase de preconstrucción, 6,5 a la etapa de construcción y 27 a la operación y mantenimiento de la infraestructura. No obstante, la falta de ingresos por el peaje de Turbaco generó incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del proyecto.

Por ello, el Ministerio de Transporte enfatizó en la resolución que la ANI debe continuar evaluando “los argumentos técnicos, jurídicos y financieros que le permitan adoptar una decisión definitiva respecto de la continuidad del proyecto, en caso de que la comunidad continúe desplegando acciones que afecten gravemente el orden público, impidiendo el cobro de las tarifas de las categorías I y II”.

El conflicto en torno al peaje de Turbaco refleja el complejo equilibrio entre la necesidad de financiar grandes obras de infraestructura y la resistencia de las comunidades que consideran injusto el cobro de tarifas en determinadas zonas. Aunque el Gobierno optó por prorrogar la suspensión, el desafío sigue siendo encontrar una salida definitiva que permita garantizar la ejecución del proyecto sin afectar el bienestar de los habitantes del área de influencia.

Con esta nueva prórroga, la ANI tiene hasta diciembre de 2025 para definir el futuro del peaje y evaluar opciones que permitan destrabar el conflicto. Mientras tanto, la comunidad y el sector transportador seguirán atentos a las decisiones del Gobierno y de la concesión, pues el desenlace de este caso podría sentar un precedente para otros proyectos viales en el país.