Contraloría imputó cargos a funcionarios de la Gobernación de Antioquia por detrimento de más de $100.000 millones en el Central Park de Bello

Un nuevo capítulo se suma a la polémica en torno al Central Park de Bello, un proyecto que desde 2019 ha enfrentado retrasos y problemas de ejecución.

Según informó la Contraloría General de la República, cuatro exfuncionarios de la Gobernación de Antioquia fueron imputados con cargos de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial que asciende a 112.684 millones de pesos colombianos.

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La decisión fue oficializada mediante un auto emitido el 21 de marzo y notificado el 27 del mismo mes.

De acuerdo con la Contraloría, los señalados son los exgerentes de Indeportes Antioquia, Lisana Sofía Sánchez Ledesma, Sergio Roldán Gutiérrez y Héctor Fabián Betancur, así como la exgerente de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), María Fanery Sucerquia Jaramillo.

Estos exfuncionarios son considerados presuntamente responsables “a título de culpa grave” por el daño ocasionado a Indeportes Antioquia, entidad que asumió la responsabilidad del proyecto en 2019.

Posteriormente, la Contraloría General de la República, mediante auto No. 734 del 28 de mayo de 2025, declaró la nulidad del Auto No. 384 del 21 de marzo de 2025, que contenía la imputación de responsabilidad fiscal dentro del mencionado proceso, y el archivo parcial de la causa.

El Central Park de Bello, concebido como un parque de deportes a motor, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos desde su inicio.

Según detalló la Contraloría, las investigaciones comenzaron el 23 de marzo de 2022, cuando se identificaron posibles irregularidades en la supervisión, planificación y manejo de los recursos destinados a la obra.

Estas falencias habrían contribuido al estancamiento del proyecto, que actualmente es considerado un “elefante blanco”.

Entre los problemas más críticos identificados por los entes de control se encuentra la falta de accesos adecuados al complejo. De acuerdo con los informes, los permisos de aprovechamiento forestal necesarios para iniciar los trabajos de acceso no habían sido aprobados en el momento de las auditorías.

Además, el proyecto carece de conexión a la red de energía de EPM y no cuenta con un sistema de alcantarillado funcional, lo que imposibilita la operación de servicios esenciales como las baterías sanitarias.

El medio El Colombiano detalló que, desde el punto de vista ambiental, la Contraloría General de Antioquia (CGA) alertó sobre la ausencia de obras de mitigación de ruido, un aspecto que ha sido uno de los puntos más polémicos desde que el proyecto comenzó en 2019.

Según la CGA, estas medidas no fueron incluidas en los contratos originales, lo que representa un incumplimiento de la legislación ambiental vigente.

En un comunicado, la entidad enfatizó la necesidad de implementar acciones correctivas y preventivas para garantizar que el proyecto cumpla con los estándares de calidad ambiental y proteja el entorno urbano y natural.

Por otro lado, la pista de carreras, el elemento central del autódromo, tampoco está en condiciones óptimas para albergar competencias.

Según los hallazgos de las auditorías, faltan componentes esenciales como barreras de seguridad, y la pista aún presenta elementos pendientes de construcción. Estas deficiencias han generado preocupación sobre la seguridad y funcionalidad del complejo.

El autódromo de Bello ha enfrentado una serie de cambios en su gestión desde su inicio. Según reportó El Colombiano, el primer contratista, la firma Ingecon, fue seleccionado durante la gobernación de Luis Pérez, pero quedó fuera del proyecto en 2021 tras un conflicto legal con la Gobernación.

Posteriormente, en la administración de Aníbal Gaviria, la obra fue asumida por la Unión Temporal Alpujarra, que tomó el control en septiembre de 2022 con el compromiso de finalizar el proyecto antes del cambio de gobierno.

Sin embargo, a pesar de que el complejo ya había consumido más de 112.000 millones de pesos, la Asamblea de Antioquia aprobó una adición de 17.732 millones de pesos ese mismo año.

En un intento por reactivar el proyecto, Indeportes firmó a finales de 2024 un nuevo convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente antioqueño (Edeso). Este acuerdo busca concluir las obras pendientes, aunque el panorama sigue siendo incierto debido a los problemas acumulados durante más de cinco años de ejecución.

Ahora, con un nuevo cambio de gobierno, la Gobernación ha destinado otros 2.999 millones de pesos (740.000 dólares) para intentar culminar la obra