La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, intentará nuevamente recibir un cambio en su situación jurídica tras una solicitud presentada por su defensa ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
Según informó la defensa, encabezada por el abogado Francisco Bernate, se busca aplicar la Ley 2292 de 2023, también conocida como la Ley de Utilidad Pública, para que Barrera cumpla su condena bajo prisión domiciliaria en su residencia en Bogotá.
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De acuerdo con los argumentos presentados por Bernate y conocidos por Blu Radio, Epa Colombia cumple con los requisitos estipulados en la mencionada ley. Entre estos se encuentran el hecho de ser madre cabeza de familia y haber recibido una condena inferior a ocho años de prisión.
La influenciadora fue sentenciada en 2020 a cinco años y dos meses de cárcel por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, tras protagonizar actos vandálicos en la estación Molinos de Transmilenio durante el paro nacional de 2019.
Como parte de la solicitud, la defensa de Daneidy Barrera presentó el proyecto denominado “Aprende y Emprende con Epa Colombia”. Este programa tiene como objetivo capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad en técnicas de belleza capilar, un área en la que Barrera ha desarrollado una exitosa actividad empresarial.
Según detalló su abogado al medio radial, este proyecto busca demostrar el impacto positivo que la influenciadora puede generar en la sociedad, además de evidenciar su transformación personal y profesional.
Otro de los argumentos presentados por la defensa es que los delitos cometidos por Barrera ocurrieron en un contexto de marginalidad. Este factor, según el abogado Bernate, también podría ser considerado para la aplicación de la Ley 2292 de 2023, que contempla beneficios para personas en condiciones de vulnerabilidad social.
La situación judicial de Epa Colombia ha sido objeto de atención mediática desde 2020, cuando fue condenada por los actos vandálicos registrados en medio del paro nacional de 2019.
En enero de este año, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a Barrera por orden de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la condena de cinco años y dos meses de prisión. Actualmente, la influenciadora cumple su pena en la Cárcel El Buen Pastor, ubicada en Bogotá.
La defensa también solicitó, como alternativas a la prisión domiciliaria, la redosificación de la pena y la aplicación de los artículos 38 y 38B del Código Penal.
Estas disposiciones regulan la posibilidad de que ciertos condenados cumplan su sentencia bajo arresto domiciliario, dependiendo de las circunstancias del caso y del perfil del condenado.
En qué consiste la Ley de Utilidad Pública sancionada por Gustavo Petro
El Gobierno Petro promulgó la Ley 2292 de 2023, una normativa que introduce una medida de sustitución de la pena de prisión por servicios de utilidad pública para mujeres cabeza de familia.
La ley fue sancionada el 8 de marzo de 2023 por el presidente de la República y busca garantizar los derechos de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Esta iniciativa se enmarca dentro de una política criminal con enfoque de género y actúa como una medida restaurativa y de inclusión social.
La ley permite que las mujeres cabeza de familia, previamente condenadas a prisión por determinados delitos, realicen trabajos comunitarios en lugar de cumplir su condena tras las rejas.
La medida tiene como objetivo garantizar que estas mujeres puedan continuar ejerciendo su papel como cuidadoras principales de sus familias mientras cumplen con las sanciones impuestas por la justicia.
El concepto de mujer cabeza de familia incluye a toda persona que asuma la responsabilidad económica, social y afectiva de otros, ya sean menores de edad o adultos que no puedan valerse por sí mismos. Por ejemplo, mujeres con hijos menores de 18 años o responsables de adultos dependientes pueden ser beneficiarias del nuevo esquema establecido por la ley.
Para ser elegible, las mujeres deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser cabeza de familia de acuerdo con la definición establecida en la ley.
- Estar condenadas por delitos relacionados con hurto o estupefacientes, o por delitos cuya pena no exceda los 8 años de prisión.
- Haber cometido el delito en condiciones de marginalidad.
El cumplimiento de tales requisitos debe ser previamente evaluado y aprobado por un juez competente, quien analizará los antecedentes del caso y los beneficios del servicio comunitario en cada situación particular.
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