El sistema de salud del magisterio en Colombia enfrenta una crisis que ha generado múltiples denuncias por parte de los docentes, que reportan deficiencias en la atención médica, retrasos en citas y falta de medicamentos. Este panorama, sumado a otras problemáticas laborales y educativas, llevó a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a convocar un paro nacional el lunes 31 de marzo de 2025. La entidad indicó que esta jornada busca visibilizar las demandas del sector y presionar al Gobierno nacional y a las administraciones departamentales para que se atiendan sus peticiones.
De acuerdo con lo comunicado por Fecode, el paro no solo pretende movilizar a los docentes, sino involucrar a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general. La Federación destacó que esta acción reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los maestros y con la garantía de una educación pública de calidad para todos los colombianos. Sin embargo, el llamado a la movilización no está exento de tensiones internas, debido a que se han registrado diferencias entre los integrantes de la junta nacional de Fecode respecto a la convocatoria, pues algunos consideran que no es necesario bloquear las calles.
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Movilizaciones en las principales ciudades del país
En cuanto a los puntos de concentración, el diario El Tiempo reveló que el paro nacional convocado por Fecode se llevará a cabo en las principales ciudades de Colombia, donde se espera que los docentes realicen marchas por las principales vías y se concentren en plazas y parques públicos. Por lo que se espera participación en Bogotá, Medellín y otras ciudades del país. Según lo explicó la Federación, estas movilizaciones buscan visibilizar las demandas del sector y generar un diálogo con las autoridades para encontrar soluciones a las problemáticas planteadas.
Por medio de sus redes sociales, Fecode hizo un llamado a toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes y padres de familia, para que se sumen a las movilizaciones y respalden las exigencias de los maestros. Y es que la organización considera que la participación de la ciudadanía es fundamental para presionar al Gobierno, con el fin de lograr avances significativos en la defensa de la educación pública y los derechos laborales de los docentes.
Qué están pidiendo los profesores
El pliego de peticiones presentado por Fecode incluye una serie de puntos que, según la organización, son esenciales para resolver las problemáticas que afectan al sector educativo. Entre las principales exigencias se encuentra un aumento en la inversión destinada a la educación pública.
Y es que los maestros consideran que el presupuesto actual es insuficiente para mejorar la infraestructura escolar, garantizar materiales educativos adecuados y fortalecer la formación docente. Según Fecode, la educación debe ser tratada como una prioridad estatal y no como un gasto secundario.
Otro de los puntos clave es la estabilidad laboral de los docentes. El sindicato denuncia que muchos maestros enfrentan condiciones laborales precarias debido a la contratación irregular y a la falta de procesos de nombramiento que reconozcan su experiencia y formación. En este sentido, exigen que se implementen mecanismos que aseguren condiciones dignas para el ejercicio de la profesión docente.
Claramente, la crisis del sistema de salud del magisterio es otro de los temas centrales en las demandas. Según Fecode, los docentes han enfrentado serias dificultades para acceder a servicios médicos oportunos y de calidad.
Entre las denuncias destacan los retrasos en la asignación de citas, la falta de medicamentos y presuntos casos de corrupción en la administración de la Fiduprevisora, entidad encargada de gestionar los recursos del sistema de salud del magisterio. Ante esta situación, los maestros exigen una reestructuración urgente del sistema para garantizar una atención adecuada.
Finalmente, Fecode también demostró su rechazo a las políticas que, según ellos, buscan desfinanciar la educación pública en favor de esquemas privatizadores, por lo que pretenden defender la autonomía escolar y garantizar que el acceso a una educación de calidad sea un derecho fundamental protegido por el Estado.
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