Expresidente de Metrocali fue imputado por irregularidades en millonario contrato con firma israelí: no aceptó cargos

El expresidente de Metrocali Luis Eduardo Barrera fue imputado formalmente por la Fiscalía Cuarta Delegada contra la Corrupción de Bogotá, debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato relacionado con la construcción de la Terminal Calima del sistema de transporte masivo de Cali, MÍO.

Los hechos se remontan a 2009, cuando Barrera habría autorizado el desembolso de un anticipo de más de $6.895 millones sin que las garantías presentadas cumplieran con los requisitos legales.

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La audiencia tuvo lugar ante el Juzgado Octavo Penal Municipal con funciones de control de garantías de la ciudad, donde el exfuncionario fue imputado por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

De acuerdo con la Fiscalía, el anticipo fue respaldado por una garantía emitida por la empresa israelí Hafira Ve Hatziva, la cual, según las investigaciones, no cumplía con los estándares necesarios para garantizar el manejo adecuado de los recursos públicos. Este contrato, firmado en 2007, tenía como objetivo la construcción de una estación clave para el sistema de transporte en el norte de Cali, pero la empresa no cumplió con la obra.

Durante la audiencia, Barrera no aceptó los cargos formulados en su contra, lo que implica que el caso continuará su curso en el sistema judicial.

Es declaraciones entregadas a El País de Cali, el abogado Carlos Hernán Escobar, representante legal de Metrocali en este proceso, indicó que el siguiente paso será la presentación formal del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, lo que dará inicio a la etapa de juzgamiento.

Del mismo modo, Escobar destacó la importancia de que el caso avance con celeridad, dado que los hechos ocurrieron hace más de una década. “Esperamos que la justicia actúe con rapidez, ya que este caso ha estado en espera por demasiado tiempo”, afirmó Escobar.

Hafira Ve Hatziva: la empresa contratista que incumplió el acuerdo

El contrato con la empresa israelí Hafira Ve Hatziva fue firmado en octubre de 2007 por un valor de $22.750 millones. Este acuerdo contemplaba el diseño y la construcción de la terminal Calima, ubicada en el norte de Cali.

En marzo de 2009, se firmó el acta de inicio del proyecto y se desembolsó un anticipo equivalente al 30 % del valor total del contrato, es decir, más de $6.895 millones. Sin embargo, la empresa no cumplió con la ejecución de la obra ni devolvió los recursos entregados como anticipo.

En su momento, Metrocali interpuso una demanda penal contra Hafira Ve Hatziva y su representante legal, buscando recuperar los fondos públicos. Asimismo, el entonces contralor General de la República, Edgardo Maya, emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra el exgerente de Metrocali, los representantes legales de la empresa contratista y las aseguradoras que emitieron las pólizas de garantía, señalando su responsabilidad en el manejo irregular de los recursos.

El caso de la Terminal Calima ha sido uno de los episodios más polémicos en la historia de Metrocali. En 2013, cuando el escándalo salió a la luz, la entonces presidenta de la entidad, María del Pilar Rodríguez, declaró que el contrato había sido firmado seis años antes, en 2007, y que desde entonces se habían enfrentado múltiples dificultades para avanzar con la obra.

Rodríguez explicó que, debido a la falta de cumplimiento por parte del contratista, se tomó la decisión de dar por terminado el contrato y buscar alternativas para completar la construcción de la terminal.

La funcionaria también reveló que, en 2009, Hafira Ve Hatziva presentó un nuevo presupuesto para la obra, que ascendía a $68.948 millones, casi tres veces el valor inicial del contrato. Sin embargo, tanto el Ministerio de Transporte como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consideraron que el proyecto no era viable en esas condiciones, lo que llevó a Metrocali a intentar liquidar el contrato de manera consensuada. A pesar de los esfuerzos, la empresa contratista no devolvió los recursos entregados como anticipo, lo que obligó a la entidad a iniciar acciones legales.