En medio de combates, motobombas y sin energía eléctrica, indígenas expulsaron a tres disidentes del Frente 57 Yair Bermúdez

Una crítica situación de orden público se registró en la noche del martes 18 de marzo de 2025, en Toribío (Cauca), luego de que dos grupos armados al margen de la ley se enfrentaran a muerte en pleno casco urbano.

El caos y la anarquía reinó en el poblado, donde los alzados en armas de las disidencias de las Farc y el Frente 57 Yair Bermúdez sostuvieron combates a sangre y fuego ante el profundo temor y preocupación de los habitantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En medio de las acciones terroristas, explotó una motobomba frente a una vivienda del barrio Primero de Mayo, la cual resultó completamente incinerada. Los disparos afectaron el servicio de energía eléctrica por lo que el municipio quedó a oscuras, acrecentando el terror. Finalmente, una persona, presuntamente guerrillero de uno de los bandos, murió acribillado.

Pero la situación no terminó allí, debido a que, hartos por las acciones indiscriminadas y la falta de presencia estatal, las comunidades indígenas del municipio lograron la expulsión de los bandos guerrilleros, logrando, además, la captura de tres integrantes del frente 57 Yair Bermúdez, quienes fueron sorprendidos mientras atacaban una vivienda en el mencionado barrio.

“Por favor, se necesita apoyo, la comunidad está detrás de la guerrilla. Está por aquí, por donde vive La Reina. Por favor, la comunidad que salga a apoyar. Hay harta comunidad, pero les están disparando”, fue el clamor de uno de los habitantes, solicitando más apoyo de la comunidad para expulsar a los criminales.

Según informaron líderes comuneros de la región, los detenidos serán sometidos a la justicia especial indígena, en un contexto marcado por la creciente violencia entre grupos armados ilegales en la zona.

De acuerdo con los representantes indígenas, citados por El País de Cali, los capturados incluyen a un cabecilla de escuadra identificado como alias Cauca o Sebastián, de 27 años, originario de Juradó (Chocó), y a dos guerrilleros más: alias Lian y alias Vanesa Ramírez, esta última una joven de 17 años procedente de la ciudad de Buga (Valle del Cauca).

El ataque, que ocurrió alrededor de las 8:00 p. m., dejó como saldo la muerte de alias Hernán, otro miembro del grupo armado, que falleció durante el intercambio de disparos tras la detonación de una motobomba frente a una vivienda.

Incautación de armas y material de guerra

Durante la operación de captura, los comuneros y la guardia indígena lograron incautar un importante arsenal de guerra. Entre los elementos decomisados se encuentran tres fusiles (AK 47, R15 y M14), una pistola de 9 milímetros, una granada de mano, una mina de fabricación artesanal, 119 cartuchos de fusil, 76 cartuchos adicionales, ocho proveedores, dos radios de comunicación, una batería portátil, tres pecheras camufladas, dos camibusos tácticos, un carriel y un cargador para celular.

Según detallaron los líderes indígenas, la comunidad decidió actuar ante la creciente presencia de grupos armados ilegales en el territorio, quienes han causado graves afectaciones a los pobladores. “La misma comunidad tomó la decisión de participar en los controles territoriales para cuidar nuestro territorio y resguardos, porque es más que comprobado que los grupos armados al margen de la ley están causando muchos daños a los pobladores”, afirmaron los representantes comuneros.

Los tres capturados serán sometidos a la justicia especial indígena, un sistema que permite a las comunidades originarias ejercer su autonomía en la resolución de conflictos dentro de sus territorios. Este mecanismo, reconocido por la Constitución colombiana, busca garantizar la protección de los derechos colectivos y la preservación de la paz en los resguardos indígenas. En este caso, las autoridades ancestrales, con el respaldo de la comunidad, llevarán a cabo una asamblea para definir las sanciones correspondientes.

Según explicaron los líderes comuneros, la decisión de enfrentar directamente a los actores armados responde a la falta de garantías de seguridad por parte del Estado. “Sabemos que esto es peligroso, pero solo los comuneros y comuneras podemos proteger nuestros resguardos, nadie más lo va a hacer”, señalaron.