María Fernanda Cabal celebró traslado de supuestos miembros del Tren de Aragua a El Salvador: “Un terrorista no es un gestor de paz”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que 238 integrantes de la organización criminal El Tren de Aragua fueron trasladados al país este domingo, luego de ser enviados por las autoridades de Estados Unidos. Los detenidos serán recluidos en una prisión de máxima seguridad en territorio salvadoreño.

Durante su visita a San Salvador el 3 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló que el presidente Nayib Bukele había ofrecido recibir en El Salvador a reclusos enviados por las autoridades estadounidenses.

Con respecto a esta noticia, la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, celebró el hecho en su cuenta de X, y añadió que “un terrorista no es un gestor de paz”.

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“Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un período de un año (renovable)”, anunció el presidente de El Salvador por medio de su cuenta de la red social X.

El Cecot es una cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele para albergar a pandilleros arrestados durante su ofensiva contra las estructuras criminales, una estrategia que comenzó hace casi tres años. La prisión está situada en una zona rural, a 75 kilómetros al sureste de San Salvador.

Frente a esto, la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, se pronunció sobre el reciente traslado de miembros del ‘Tren de Aragua’ a El Salvador, calificando este tipo de tratamiento como “el que merecen los criminales más peligrosos en un Estado”. En sus declaraciones, destacó que los integrantes de esta organización criminal deberán enfrentar penas de prisión efectiva por sus delitos. Además, la senadora rechazó la idea de considerar a los terroristas como gestores de paz, subrayando que, para lograr la paz, es esencial que exista justicia.

“Este es el trato que merecen los peores criminales en un Estado. Así llegan los del Tren de Aragua a El Salvador para pagar con cárcel efectiva su vida delincuencial. Un terrorista no es un gestor de paz y menos un ejemplo a seguir. Sin justicia no hay paz”, escribió por medio de su cuenta de X la congresista perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Y es que, la senadora de oposición, en múltiples ocasiones ha cuestionado al Gobierno nacional dirigido por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por sus nombramientos como gestores de paz a diferentes personajes.

Un ejemplo de esto, fue a finales del 2024 cuando el primer mandatario colombiano tomó la polémica decisión de conferir rol de gestores de paz a varios de los exlíderes de las autodefensas. Entre los designados resaltan alias Jorge 40, Hernán Giraldo, alias Macaco, alias HH y alias Don Berna, antiguos cabecillas paramilitares.

Dicha designación se dio mediante la resolución 453 de 2024 con fecha al 8 de noviembre, en esta se incluyó a los principales líderes paramilitares que se unieron al sistema de Justicia y Paz, aunque algunos de ellos fueron retirados de esa jurisdicción por no cumplir con las condiciones y volver a cometer delitos.

En cuanto al anuncio que hizo el presidente de El Salvador Nayib Bukele, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, corroboró la información sobre la llegada de presos de ese país a territorio salvadoreño. Al respecto Rubio dijo en su cuenta de X lo siguiente: “Hemos enviado a dos peligrosos líderes de la MS-13, además de 21 de sus miembros más buscados, de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia”.

El anuncio se produce al día siguiente de que el presidente Donald Trump activara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que otorga amplios poderes al mandatario en tiempos de guerra. Esta medida le permite tomar decisiones ejecutivas más flexibles, con el objetivo de agilizar las deportaciones masivas de personas que se encuentren en el país sin la debida autorización legal.