
Un esquema de contrabando que habría operado entre 2022 y 2024 fue revelado por la Oficina del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones (Itrc), según informó esta entidad gubernamental. El caso involucra la manipulación de 499 declaraciones de importación en los sistemas informáticos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), lo que permitió el ingreso de mercancías ilegales al país bajo la apariencia de carga legítima. Este fraude pone en evidencia fallas en los controles aduaneros, al tiempo que apunta a la posible participación de funcionarios de la Dian, que enfrentarán sanciones disciplinarias y procesos judiciales.
De acuerdo con la Itrc, los responsables del fraude utilizaron identidades falsas de empresas reconocidas como Operadores Económicos Autorizados (OEA), un estatus que garantiza un perfil de bajo riesgo en las operaciones de comercio exterior. Este mecanismo permitió que cargamentos sospechosos de contrabando fueran clasificados como seguros, evitando así inspecciones más rigurosas. La Dian, que utiliza un sistema de perfilamiento de riesgo para priorizar la revisión de contenedores, fue vulnerada por personas que conocían a fondo este sistema y aprovecharon partidas de importación exclusivas o restringidas para facilitar el ingreso de mercancías ilícitas.
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La directora de la Itrc, Eva Carolina Madrid, señaló que las investigaciones en curso no solo buscan identificar a los funcionarios implicados, sino cuantificar el impacto económico y los delitos asociados. “Nuestras investigaciones, que tendrán sanciones disciplinarias para los funcionarios de la Dian que se identificaron en estos hechos, y que estamos trasladando a la Fiscalía General de la Nación, le permitirá al ente investigador cuantificar el monto y las clases de delitos que pudieron cometerse, como serían: acceso abusivo a un sistema informático, favorecimiento y facilitación del contrabando y contrabando técnico”, afirmó Madrid.
El caso ya fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de determinar las responsabilidades penales y el alcance de los delitos cometidos. Entre las posibles infracciones se encuentran el acceso no autorizado a sistemas informáticos y la facilitación del contrabando, un delito que, según la Itrc, constituye una de las principales fuentes de ingreso para las redes de contrabando en el país.

Es preciso mencionar que el contrabando además de afectar la economía formal al evadir impuestos y aranceles, se convierte en un mecanismo clave para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Según la Itrc, este tipo de operaciones fraudulentas, como las declaraciones de importación adulteradas, son utilizadas por organizaciones criminales para blanquear capitales ilícitos.
El impacto de estas actividades ilegales es significativo, ya que perjudican a las finanzas públicas y afectan a las empresas que operan dentro de la legalidad. Además, el uso de identidades falsas de empresas reconocidas como OEA pone en riesgo la credibilidad de este sistema, diseñado para facilitar el comercio legítimo y garantizar la seguridad de las operaciones internacionales.
La Dian bajo la lupa: antecedentes y contexto

Durante el período en que se cometieron los hechos, la Dian estuvo bajo la dirección de tres diferentes funcionarios, uno de ellos Luis Carlos Reyes, que recientemente denunció intentos de infiltración en la entidad. De acuerdo con sus declaraciones, uno de los principales actores detrás de estas operaciones sería alias Papá Pitufo, identificado como uno de los líderes del contrabando en el país.
Estas denuncias ponen en evidencia las vulnerabilidades de los sistemas de control de la Dian, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y perfilamiento de riesgo. La incapacidad de la entidad para inspeccionar todos los contenedores que ingresan al país fue aprovechada por redes criminales que conocen a detalle los procedimientos internos y las debilidades del sistema.
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