Como un despropósito calificó el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, la decisión anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro de declarar día cívico el 18 de marzo, no solo porque es antidemocrático, sino porque ejerce presión indebida al desarrollo de la actividad legislativa, en este caso durante el trámite del proyecto de reforma laboral, que se adelanta en el Senado de la República y que virtualmente está hundida ante la ponencia de archivo que presentaron ocho congresistas de la Comisión Séptima de la corporación.
La misma genera rechazo en los gremios debido a que no genera empleo formal, sino que lo destruye al buscar la garantía de derechos de los trabajadores, como el regreso de la jornada diurna de trabajo entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., lo que modificaría al actual horario, que es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., así como el pago de dominicales y festivos.
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Para el dirigente gremial, el hecho de que se convoquen marchas “prefabricadas” justo el día que se discute un tema tan importante para el país y que además se declare día cívico para que los servidores públicos, funcionarios y contratistas del Estado, salgan a las calles, está lejos de ser un llamado espontáneo del pueblo.
Al respecto, dijo que “lo paradójico es que los salarios de esos funcionarios, que no van a trabajar, se pagarán con el bolsillo de los colombianos, en medio del peor déficit fiscal de los últimos 21 años”. Además, cuestionó si “¿esto es una demostración de abuso de poder o la demostración de que el Gobierno se está quedando solo?”.
De acuerdo con el vocero de los comerciantes, la imposición del día cívico le cuesta al país unos USD360 millones.
“El PIB nacional es de USD398.000, que al dividirse por 365 días del año arroja un valor de USD1.090 millones. Si suponemos, conservadoramente, que la afectación para mañana sea del 33%, tendríamos que la decisión del Gobierno le significaría al país una pérdida de su PIB del orden de USD360 millones. Eso es lo que dejaremos de producir este martes por efecto de esa medida”, precisó Cabal.
Por último, el vocero destacó que el comercio funcionará normalmente y atenderá al público como cualquier día.
Lo que más preocupa a los gremios
Asimismo, el Consejo Gremial Nacional (CGN) se pronunció por medio de un comunicado y remarcó que en la discusión del proyecto de reforma laboral es imprescindible contar con un análisis riguroso de su impacto, incluido el costo fiscal. Para el denominado “gremio de gremios”, cualquier iniciativa que comprometa la sostenibilidad financiera y el crecimiento económico debe ser evaluada con responsabilidad.
Sin embargo, el mismo, que preside Camilo Sánchez, advirtió que preocupan disposiciones como la eliminación de la contratación por prestación de servicios, que reduciría la flexibilidad laboral y dificultaría la creación de nuevos empleos. Recordó que estudios del Banco de la República advierten que el incremento en los costos salariales podría recortar hasta 454.000 empleos formales en cuatro años, lo que afectará la productividad y la formalización laboral.
“El Consejo Gremial Nacional rechaza cualquier forma de presión que distorsione el debate democrático, como el llamado a movilizaciones justo el día de la votación de la reforma. La independencia del Congreso debe garantizarse sin interferencias que generen incertidumbre económica y social. Asimismo, pedimos respeto por los gremios, cuyo papel en la construcción de políticas públicas debe ser valorado en el marco del diálogo democrático”, puntualizó.
A su vez, dejó claro que respalda la decisión de los senadores que, con criterio técnico y responsabilidad, apoyaron el archivo de la reforma. Finalizó al decir que la agremiación continuará con la participación activa en estos debates al promover propuestas que fomenten el empleo, la formalización laboral y la estabilidad económica del país.
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