El suministro de energía en la región Caribe enfrenta un panorama crítico, y la intervención de la empresa distribuidora Air-e llevó a las autoridades a buscar soluciones urgentes para evitar un colapso en la prestación del servicio. En este contexto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SuperServicios) solicitó la colaboración de importantes empresas del sector energético con el fin de garantizar el suministro y la transmisión de energía a precios más asequibles.
La petición está dirigida a compañías clave en el mercado eléctrico, como AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, Isagen e ISA Intercolombia, a quienes se les instó a actuar bajo un principio de solidaridad. El objetivo es que ofrezcan la energía y los servicios de transmisión a precios que no superen la condición de costo-eficiencia, con el fin de reemplazar el suministro de alto costo y permitir la estabilidad de Air-e mientras logra recuperar su viabilidad financiera.
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La crisis de Air-e, que hasta 2024 acumulaba pérdidas por 1,4 billones de pesos y que en 2025 se proyecta con un déficit superior a los 2,5 billones, es un factor determinante en esta solicitud. La misma empresa fue la que solicitó su intervención ante el riesgo inminente de una crisis financiera que amenazaba con afectar el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde atiende a más de 1,2 millones de usuarios.
El problema que enfrenta Air-e no es reciente. Su operación comenzó como parte de la reestructuración del servicio de energía en la región Caribe tras la liquidación de Electricaribe, con la intención de mejorar la prestación del servicio y garantizar la estabilidad en la distribución. Sin embargo, las dificultades financieras de la empresa son persistentes, en parte porque el mismo Estado se encuentra entre sus principales deudores, lo que generó problemas de liquidez y limitó la capacidad de inversión para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio.
Ante este panorama, SuperServicios recordó que la ley establece la obligación de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía, incluso en situaciones de quiebra, liquidación o intervención de las empresas responsables. En este sentido, el llamado a la solidaridad de las generadoras busca evitar interrupciones que puedan afectar a los usuarios y generar un impacto negativo en la región.
¿Cómo impactará la medida en las tarifas?
Uno de los principales objetivos de esta estrategia es reducir las tarifas para los usuarios de la región Caribe, que históricamente han enfrentado costos elevados por el suministro de energía. De acuerdo con la Superintendencia, si las generadoras y transportadoras acceden a la petición, “cobren sus servicios de generación y transporte a un precio máximo que no supere la condición de costo-eficiencia”, lo que podría traducirse en alivios en el valor de las facturas.
La entidad de control y vigilancia señaló que este mecanismo podría allanar el camino hacia la esperada disminución en las tarifas de energía para los usuarios, pues permitiría reducir la dependencia de Air-e de los elevados costos en bolsa y en contratos.
Según la SuperServicios, las empresas generadoras convocadas tendrían la capacidad de actuar bajo el principio de solidaridad. La entidad argumentó que, en 2024, el 99% de la capacidad generadora reportada diariamente como disponible no llegó a ser utilizada debido a la falta de demanda en el mercado.
En este contexto, se evidenció que la capacidad disponible tuvo una variación significativa, con un promedio diario del 37%, alcanzando mínimos del 18% y máximos del 60%. Con base en estos datos, la Superintendencia resaltó que la cantidad de energía requerida para Air-e representa únicamente una séptima parte del promedio de capacidad no utilizada, lo que sugiere que el suministro solicitado sería manejable dentro de los márgenes de generación existentes.
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