
La implementación de la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4x1.000, enfrenta retrasos en Colombia debido a problemas tecnológicos y logísticos.
El superintendente financiero, César Ferrari, explicó que la falta de un sistema tecnológico adecuado ha impedido que esta medida, aprobada en la Ley 2277 de 2022, entre en vigor, a pesar de que el plazo establecido venció el pasado 13 de diciembre.
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El 4x1.000, un impuesto que grava las transacciones financieras, debía ser eliminado para todas las cuentas de ahorro de un mismo titular, permitiendo que los usuarios no tuvieran que elegir una sola cuenta para beneficiarse de la exención.
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Sin embargo, Ferrari señaló que el principal obstáculo radica en la incapacidad de las entidades financieras para desarrollar un mecanismo que permita consolidar los pagos realizados por los clientes y aplicar la exención hasta el límite establecido por la ley.

En el desarrollo de un foro organizado por el diario La República, Ferrari detalló que el sistema financiero colombiano, compuesto por bancos, cooperativas y otras entidades, no ha logrado implementar una solución tecnológica que permita sumar las transacciones de los usuarios en diferentes instituciones y determinar cuándo se alcanza el tope de 17,4 millones de pesos. Este límite es el umbral a partir del cual se debe aplicar el gravamen.
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El superintendente subrayó que la complejidad del sistema financiero, que incluye más de 1.500 cooperativas y múltiples bancos, dificulta la coordinación necesaria para implementar esta medida.
“Las cooperativas no han podido resolver el asunto, son 1.500 cooperativas o tal vez mucho más, que es muy difícil ponerlas de acuerdo”, afirmó Ferrari. Además, destacó que el problema no solo afecta a las cooperativas, sino a todo el sistema financiero, que debe trabajar en conjunto para cumplir con la normativa.
De acuerdo con Ferrari, la responsabilidad de implementar el sistema recae tanto en el Ministerio de Hacienda como en las entidades financieras. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado un avance significativo en el desarrollo de la tecnología necesaria.
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“Lamentablemente no ha habido un avance tecnológico aún como para lograr que los bancos puedan hacer esa operación, pero al mismo tiempo las cooperativas”, señaló el superintendente.
La falta de claridad en la norma también contribuye a los retrasos. Según una fuente del sector consultada por El Tiempo, la ley no especifica con precisión cuál entidad debe encargarse de la liquidación y el reporte de las transacciones exentas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Esto ha generado vacíos legales que complican aún más la implementación.
El 4x1.000 sigue vigente y continúa aplicándose a las transacciones financieras, lo que genera frustración entre los usuarios que esperaban beneficiarse de la exención total. Actualmente, las personas con más de una cuenta de ahorro deben elegir una sola para que no se les aplique el gravamen, a pesar de que la ley establece que el beneficio debe extenderse a todas las cuentas de un mismo titular.
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El sector financiero colombiano cuenta con más de 88,2 millones de cuentas de ahorro, de las cuales el 96,4% son gestionadas por los 29 bancos que operan en el país. Además, las billeteras digitales como Nequi, Daviplata y dale! también están incluidas en la normativa, siempre que los movimientos no superen el límite establecido.
Sin embargo, la implementación de la medida no solo afecta a los bancos y billeteras digitales, sino también a las 172 cooperativas de ahorro y crédito y a los fondos de empleados, que también deben cumplir con la normativa.
Según Miller García Perdomo, presidente de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe), afirmó en diálogo con El Tiempo que los fondos afiliados a la asociación ya están preparados para aplicar la exención, pero la falta de coordinación entre todos los actores del sistema ha impedido su implementación.
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Ante los problemas tecnológicos y logísticos, algunos actores del sector propusieron que la Dian asuma la responsabilidad de desarrollar la plataforma necesaria para implementar la exención. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la entidad, que argumentó que la responsabilidad debe recaer en las entidades privadas.
Por su parte, García Perdomo indicó que algunos fondos de empleados optaron por utilizar la tecnología desarrollada por TransUnion para cumplir con la normativa. No obstante, señaló que mientras no se logre la participación de todos los actores del sistema financiero, la medida no podrá implementarse de manera efectiva.
Según explicó Ángel Custodio Cabrera, especialista en Derecho Tributario y Finanzas, a Portafolio, que la eliminación del 4x1.000 busca incentivar el uso del sistema financiero en Colombia, promoviendo la bancarización y facilitando las transacciones legales.
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Cabrera destacó que esta medida podría tener un impacto positivo en las finanzas del país, ya que fomentaría el uso del sistema financiero en lugar del efectivo, permitiendo un mayor control sobre las transacciones para efectos tributarios.
A pesar de las expectativas generadas, la eliminación del 4x1.000 sigue siendo un desafío pendiente para el sistema financiero colombiano. Mientras no se resuelvan los problemas tecnológicos y logísticos, los usuarios deberán seguir enfrentando las limitaciones actuales, lo que mantiene vigente el debate sobre la efectividad y viabilidad de esta medida.
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