Megaoperativo contra la minería ilegal en Porce III, Antioquia, terminó en violento enfrentamiento con manifestantes

Desde el viernes 21 de febrero de 2024, el Departamento de Policía de Antioquia viene adelantando un megaoperativo contra la minería ilegal en la central hidroeléctrica Porce III, una zona donde se ejecutaban estas actividades desde octubre de 2024, según denunció Empresas Públicas de Medellín (EPM).

A propósito, Noticias Caracol reveló detalles del procedimiento, que por poco termina en tragedia luego de que presuntos mineros ilegales se manifestaran en contra del procedimiento.

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Para poder dispersar los manifestantes, las autoridades tuvieron que recurrir al uso de gas lacrimógeno, que por unos minutos no fue suficiente, debido a que las personas pretendían atacar a la fuerza pública con las mismas retroexcavadoras decomisadas, utilizadas para la extracción de oro de manera ilícita.

“(...) al sur de la jurisdicción (...) fue donde se presentó la afectación a la Empresa Pública de Medellín, donde los mineros realizaron o construyeron un un jarillón, el cual no está permitiendo el Paso del río Porce“, explicó el oficial a cargo del operativo, revelado por el medio citado.

Las investigaciones revelaron que en la zona, visiblemente afectada por la actividad ilegal, operaban alrededor de 24 retroexcavadoras, además de cuatro buldóceres, utilizados para la extracción del mineral, un negocio que tendría los tentáculos del ELN, y por el que las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo estarían disputando su control.

“Estas estructuras coaccionan a las personas que explotan esta estos yacimientos mineros, le piden un porcentaje con el propósito de dejarlos trabajar, utilizando algo más complejo todavía como es el mercurio y el cianuro, contaminando las fuentes hídricas, y lo más terrible es, definitivamente, acabando con la biodiversidad”, anotó el general José James Roa, director de la Policía de Carabineros al medio mencionado.

El gigantesco operativo contó con la participación de cerca de 200 policías, que llegaron al territorio en busca de la maquinaria pesada que estaba acabando con el ecosistema de la zona. Fue en ese momento que aparecieron los manifestantes, quienes la emprendieron contra los uniformados, en un enfrentamiento que duró más de dos horas hasta que finalmente abandonaron el lugar, permitiendo la incautación de seis retroexcavadoras y un motor industrial valorados en $3.000 millones, que fueron incineradas en el lugar, representando así un duro golpe para las rentas ilícitas que afectan la región.

“Si persisten, muy seguramente van a llegar más y más máquinas, debilitando con ello la base de la represa, y por supuesto, generando posiblemente un desastre aguas abajo de la represa”, complementó el general Roa, que enfatizó al medio citado que serían al menos cinco municipios del departamento los afectados con esta práctica devastadora, además de la restricción del suministro de energía al 7% del territorio colombiano.

La denuncia de EPM

El 13 de febrero de 2025, EPM alertó sobre la situación crítica que enfrenta la hidroeléctrica Porce III debido a actividades de minería ilegal.

Según un comunicado emitido por la empresa, estas prácticas no solo comprometen la estabilidad de la infraestructura de la central, sino que también generan riesgos significativos para las comunidades ubicadas aguas abajo del río Porce, impactando a más de 21 poblaciones en municipios como Anorí, Amalfi, Nechí, El Bagre y Zaragoza.

La minería ilegal provocó la construcción irregular de un jarillón en el cauce del río Porce, lo cual encendió las alarmas de las autoridades en Antioquia, incluyendo al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y las administraciones locales de Anorí y Amalfi.

De acuerdo con EPM, estas actividades, que se llevan a cabo en terrenos pertenecientes a la empresa, han causado inestabilidad en los taludes que sostienen la infraestructura de la hidroeléctrica, comprometiendo el correcto funcionamiento de la central para la generación de energía, además de incrementar significativamente el riesgo de desastres como movimientos en masa y avenidas torrenciales.

En respuesta, EPM inició acciones legales contra los responsables de las actividades ilícitas, buscando el desmantelamiento del jarillón construido sin autorización.