Ministerio de Salud solicitó la nulidad del auto de la Corte Constitucional que ordenó el reajuste de la UPC de 2024

De acuerdo con la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y Protección Social, liderado pro Guillermo Jaramillo, no pudo demostrar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) establecida para 2024, por lo que ordenó a la cartera hacer el respectivo reajuste, incluyendo también el asignado para 2025. Pues, varios sectores del sistema de salud, sobre todo las EPS, aseguran que no cuentan con los recursos públicos suficientes para garantizar la atención de los usuarios.

No obstante, el ministerio solicitó la nulidad del Auto 007 de 2025, mediante el cual la Corte ordenó los reajustes. Según indicó en el documento el director jurídico (e) de la cartera, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, el cual fue enviado a los magistrados Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero y José Fernando Reyes Cuartas, la Corte no permitió al ministerio hacer una contrastación de pruebas para esclarecer la manera como se calculó la UPC. Esto, teniendo en cuenta que dicho cálculo se hace con base en los estados financieros que las mismas EPS allegan.

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En ese sentido, la cartera alega que se vulneró el debido proceso: “La mayoría de la sala no garantizó este mandato constitucional (artículo 29 de la Constitución Política de 1991) al Ministerio de Salud y Protección Social al no poner en conocimiento ni permitir la controversia de las pruebas y/o documentos allegados por los actores que participaron dentro de la discusión de la suficiencia de la UPC, esto es, las Empresas Promotoras de Salud y sus agremiaciones”, detalla el documento, citado por El Tiempo.

De igual manera, el Ministerio de Salud considera que la Corte Constitucional falló al no presentar informes que sirvieran como sustento para determinar que la UPC establecida para 2024 fue insuficiente, en ese sentido, la orden de hacer un reajuste en ese rubro no tendría soporte alguno. El hecho de no haber dado a conocer esos documentos, habría impedido a la cartera defenderse y objetarlos. Tampoco tuvo la posibilidad de dar a conocer sus propias pruebas.

“Una vez más, se observa que en esta actuación no se protegió ni se respetó el debido proceso, el derecho a la defensa y a la contradicción”, indicó el director jurídico (e) del ministerio.

Desde la perspectiva de la cartera, la Corte Constitucional basó su decisión en “afirmaciones infundadas” de las EPS, que desde un inicio han reclamado al Gobierno nacional por la presunta falta de recursos, pese a que este lo ha aumentado de manera paulatina y por encima de la inflación.

La solicitud molestó a líderes de la oposición, que consideran que la cartera está incurriendo en un desacato y en una violación al derecho a la salud de los habitantes. “El Ministerio NO quiere cumplir el fallo de la Corte, no quieren pagar por la salud de los colombianos. Insisten en destruir el sistema desfinanciándolo”, indicó la senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró en enero de 2025 que no hay dinero suficiente para incrementar la UPC, puesto que el Congreso de la República hundió la ley de financiamiento (reforma tributaria) que el Gobierno nacional presentó. Con ella se esperaba complementar una parte del Presupuesto General de la Nación, que estaría desfinanciado.

Además de eso, alertó sobre malos manejos de los recursos por parte de las EPS. Como ejemplo, hizo alusión a reportes de atenciones prestadas a usuarios que ya habían fallecido. “Hemos encontrado reportes de cerca de 23.000 pacientes fallecidos, por los cuales las realizaron cobros por servicios que estarían afectando las finanzas del sistema de salud. Usted no tiene por qué estar reportando cuando ya se ha declarado el fallecimiento de la persona”, explicó en su momento el jefe de la cartera.