Corte Constitucional estudia ponencia que busca anular la reforma pensional por vicios de trámite en el Congreso

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar presentó ante la Sala Plena de la Corte Constitucional un proyecto de fallo sobre la reforma pensional aprobada en el Congreso, de acuerdo a información conocida en primicia por la revista Cambio.

Esta iniciativa, considerada una de las más relevantes del actual gobierno, enfrenta una demanda que argumenta la existencia de irregularidades en su trámite legislativo.

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La reforma plantea cambios en el sistema de pensiones, incluyendo aportes simultáneos a Colpensiones y a fondos privados para quienes superen los 2,3 salarios mínimos. También establece medidas en favor de adultos mayores y población vulnerable. Se prevé que entre en vigencia en junio, lo que hace urgente la decisión de la Corte.

De acuerdo con información obtenida por la revista Cambio, la ponencia fue radicada el 14 de febrero bajo estrictas medidas de seguridad. En ella se sostiene que la reforma es inexequible debido a fallas en el procedimiento legislativo.

Las fuentes consultadas por ese medio de comunicación señalan que el documento plantea la anulación de la norma porque en la Cámara de Representantes no hubo una deliberación suficiente en el cuarto debate. En su lugar, el texto aprobado previamente por el Senado fue avalado sin discusión, mediante un procedimiento conocido como “pupitrazo”.

El 14 de junio de 2024, a las 5:21 de la tarde, el secretario de la Cámara leyó una proposición respaldada por varios congresistas, en la que se pedía aprobar el texto definitivo sin más debate, argumentando que ya había sido analizado y publicado en la Gaceta 497 del Congreso.

“Aprobar en cuarto debate el texto definitivo aprobado por el Pleno del Senado de la República debidamente publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024”, indicaba la proposición, que recibió 86 votos a favor y 32 en contra. Desde ese momento, varios legisladores señalaron que este procedimiento vulneraba el debido proceso legislativo al omitir la discusión de más de 500 proposiciones presentadas en la Cámara.

La demanda que examina la Corte, impulsada por la senadora Paloma Valencia, sostiene que la aprobación sin debate comprometió el modelo bicameral. Su argumento es respaldado por la Procuraduría y algunos expertos, aunque otros opinan que el error podría subsanarse devolviendo el proyecto a la Cámara para rehacer el cuarto debate.

Además, la ponencia considera que un artículo de la reforma es inconstitucional, ya que establece un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas. Valencia argumenta que esto va en contra del artículo 48 de la Constitución, que prohíbe regímenes pensionales especiales.

El siguiente paso será que la Sala Plena decida sobre el impedimento presentado por la magistrada Diana Fajardo, quien argumenta que podría verse afectada por la decisión, ya que adelanta un proceso para trasladarse entre regímenes pensionales.

La Corte tiene hasta el 28 de mayo para emitir su fallo, aunque este plazo podría extenderse si se convocan audiencias públicas o surgen nuevas recusaciones y peticiones.