El contrabando impulsaría la ocupación del espacio público en Bogotá, según las autoridades

En un operativo realizado en diciembre de 2024, las autoridades de Bogotá desmantelaron un importante centro de acopio de mercancía ilegal en el sector de San Victorino, en el corazón de la ciudad.

Durante la intervención, se incautaron 500.000 prendas de vestir, en su mayoría de origen chino, con un valor estimado de 15.000 millones de pesos. Este hallazgo, que incluyó artículos como camisetas, jeans, gorras y bisutería, puso en evidencia la magnitud del problema del contrabando en la capital colombiana y su relación directa con la invasión del espacio público.

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De acuerdo con la Defensoría del Espacio Público del Distrito (DADEP), el contrabando se ha convertido en uno de los principales motores de la ocupación ilegal de calles, andenes y puentes peatonales en Bogotá.

La directora de la entidad, Lucía Bastidas Ubaté, señaló que la distribución de estos productos en espacios públicos no es un fenómeno aislado, sino que responde a una operación organizada y sistemática.

Según explicó, detrás de esta actividad se encuentran bandas dedicadas al contrabando, las cuales están siendo investigadas por las autoridades locales.

“En Bogotá tenemos calles invadidas, parecen almacenes a cielo abierto, no son ventas informales, son locales informales y es que se han tomado el espacio público, y llama la atención que usted en la calle encuentra hasta armas”, dijo Lucía Bastidas.

La proliferación de productos de contrabando en las calles de Bogotá ha convertido espacios públicos en auténticos mercados al aire libre. Según informó el Dadep, es común encontrar una amplia variedad de artículos, como calzado, ropa, accesorios y dispositivos electrónicos, que son ofrecidos por vendedores informales en diferentes puntos de la ciudad.

Estos productos, que llegan al país de manera ilegal, no solo afectan la economía formal, sino que contribuyen al deterioro del entorno urbano. “Uno encuentra cuchillos, ropa, utensilios e incluso aparatos electrónicos. Después de varios operativos se encontraron en el centro de la ciudad prendas por un valor de 15.000 millones de pesos, eran de origen chino, contrabando que trae malas prácticas y lavado de dinero.

La directora del Dadep destacó que el trabajo conjunto entre las entidades del Distrito ha permitido identificar las redes detrás de esta comercialización ilegal. Estas organizaciones no solo se encargan de ingresar los productos al país, sino de distribuirlos de manera eficiente en los puntos de venta informales.

El allanamiento en San Victorino, que resultó en la incautación de mercancía equivalente a ocho contenedores, fue posible gracias a la colaboración entre el Ministerio de Comercio, la Dian, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Policía Aduanera (Polfa). Este operativo no solo permitió desarticular un importante centro de distribución, también evidenció la magnitud del problema en Bogotá.

Entre los artículos decomisados se encontraban camisas, leggins, sudaderas, blusas, medias, juguetes y bisutería, todos listos para ser distribuidos en la red de ventas informales que opera en la ciudad. Este tipo de intervenciones busca no solo combatir el contrabando, también recuperar espacios públicos para el uso de los ciudadanos.

Según la Defensoría, la invasión del espacio público por parte de vendedores informales que comercializan productos de contrabando tiene múltiples consecuencias. Por un lado, afecta la movilidad y la seguridad de los peatones, quienes deben sortear puestos de venta improvisados en andenes y puentes peatonales.

Además, la Defensoría del Espacio Público del Distrito asegura que perjudica a los comerciantes formales, quienes deben competir con precios más bajos ofrecidos por productos ilegales que no cumplen con los estándares de calidad ni pagan impuestos.

Lucía Bastidas Ubaté enfatizó que los vendedores ambulantes no pueden ocupar más espacio del permitido ni ofrecer artículos de contrabando, pues según explicó, la recuperación del espacio público es una prioridad para las autoridades distritales, que trabajan de manera articulada para garantizar que estos lugares sean utilizados de manera adecuada.