El exvicepresidente Francisco Santos aseguró que el Gobierno Petro “es un concierto para delinquir”: “Las cosas hay que llamarlas por su nombre”

En su reciente columna de opinión, el exvicepresidente Francisco Santos expresó una crítica contundente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, calificándolo como un “concierto para delinquir”.

Según Santos, esta no es una afirmación sin base, sino que se fundamenta en lo que considera evidencias graves.

En particular, hace referencia a las investigaciones en curso sobre la campaña presidencial de Petro, que indagan sobre la presunta recepción de recursos ilícitos.

Estas pesquisas fueron discutidas en el Consejo de Ministros del pasado martes, donde la gravedad del asunto habría quedado en evidencia.

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En su columna, Francisco Santos aborda un tema central de las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro, señalando que las acusaciones contra él son graves y abarcan tanto la presunta recepción de recursos ilícitos como la violación de los topes de financiación en su campaña presidencial. Sin embargo, Santos destaca un aspecto particularmente polémico: la relación entre Petro y al que calificó como “su segundo al mando”, quien fue involucrado en una supuesta amenaza pública contra la actual canciller, Laura Sarabia, apenas dos años atrás.

Según Santos, Gustavo Petro nombró a Armando Benedetti en un cargo clave, a pesar de que este había amenazado a Sarabia con la frase “Nos hundimos todos”, que fue filtrada a los medios a través de unos chats.

Sobre dicha “amenaza” comentó lo siguiente: “Esta amenaza cuyo destinatario es el presidente y este chantaje sobre quién sabe qué cosas ilegales, en la que incluso se habla hasta de 20.000 millones de pesos, no solo muestran parte de este concierto para delinquir, sino que, peor aún, es recompensado unos años después con el nombramiento de Benedetti en la Casa de Nariño”.

El exvicepresidente también abordó las reacciones que han seguido a la crisis dentro del Gobierno, señalando que, si bien se han dado algunas renuncias y críticas, estas muchas veces parecen carecer de una verdadera intención política. Según él, muchas de estas manifestaciones son “fruto de la hipocresía” y no van acompañadas de las acciones necesarias para afrontar una situación de tal magnitud.

En este sentido, también cuestiona el silencio del “petrosantismo”. “¿Y el petrosantismo hoy representado en el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo? Callado, pues su aliado de antes –Benedetti– está ahora en Palacio con un objetivo: robarse las elecciones de 2026. Ellos quieren estar en esa jugada, pues su única razón de existir es el poder a cualquier costo”, escribió en su columna.

Igualmente, cuestiona si el nombramiento de Armando Benedetti en un alto cargo responde a un “chantaje” previo, sugiriendo que esta posibilidad no debe descartarse. Señala que aún hay más preguntas que respuestas sobre la relación entre el presidente Gustavo Petro y Benedetti. Además, advierte que, al sumar otros casos de corrupción dentro del círculo cercano del mandatario, se configura lo que él describe como “el círculo del concierto para delinquir”.

De igual manera, el político comentó varios escandalos relacionados con el Gobierno Petro, como el del hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, el caso que involucra a Marelbys Meza, empleada de Laura Sarabia y lo ocurrido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se investiga el desvío de recursos por hasta 1,2 billones de pesos, con implicaciones dentro de la Casa de Nariño y generó gran controversia en el país.

Francisco Santos en su columna de opinión de igual manera califica lo ocurrido en el consejo de ministros como “un circo” y sostiene que es solo “la punta del iceberg” en lo que él considera el “Gobierno más corrupto de la historia de Colombia”. Según Santos, si existiera una justicia “medianamente eficaz”, varios ministros y funcionarios del actual gobierno ya estarían enfrentando cargos. Además, destaca que una de las reformas clave para los próximos gobiernos debería ser una transformación profunda del sistema judicial, para garantizar que los responsables de actos de corrupción rindan cuentas.