El Gobierno de Gustavo Petro alista en las próximas semanas un nuevo decreto de aplazamiento presupuestal con el objetivo de reorganizar los recortes en sectores clave y proteger el presupuesto dedicado a las pensiones. El anuncio surge tras las preocupaciones generadas por el congelamiento de más de $2,7 billones destinados al régimen de prima media en la primera versión del decreto.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, dio claridad sobre la situación. Lo hizo el 11 de febrero tras la participación que hizo en el seminario Perspectivas económicas 2025 de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).
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Afirmó que “la instrucción del presidente ha sido hacer un ajuste al aplazamiento, que realmente tampoco pone las pensiones en riesgo porque el rubro dedicado al régimen de prima media es de más de $25 billones”.
Además, informó que, por solicitud de Petro, la próxima semana se presentará un nuevo decreto de aplazamiento con este ajuste donde las pensiones no se verán afectadas. “Lo haremos con la bolsa de Hacienda y una recomposición de los diferentes sectores”, anotó.
Fracaso de la reforma tributaria
La decisión inicial de congelar recursos estaba dentro del ajuste fiscal necesario debido al fracaso de la reforma tributaria propuesta a finales de 2024 para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN), cuyo monto inicial, de $523 billones fue negado por el Congreso de la República y el presidente tuvo que expedirlo por medio de decreto y el monto resultó de $511 billones. Como se recordará, esto dejó al Gobierno con un déficit importante en las proyecciones de ingresos.
“Evaluadas las proyecciones del presupuesto de rentas y recursos de capital para 2025 por parte del Ministerio de Hacienda, los recaudos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos fijados”, justificó el Ejecutivo en su último informe. En respuesta, se congelaron 12 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para contrarrestar el impacto de esta situación fiscal.
Sin embargo, el hecho de que una parte del recorte tocara los fondos destinados a las pensiones provocó alarma entre expertos y analistas económicos. Ante las críticas, el presidente Gustavo Petro se apresuró a despejar las dudas. “No vamos a quitar ni una pensión, olvídese (…). ¿Por qué apareció eso en un decreto? No fue más que un error de dos funcionarios”, aseguró el mandatario en una alocución pública destinada a tranquilizar a la ciudadanía ante el revuelo generado.
El ajuste al presupuesto obedece, además, al riesgo de que el Gobierno no cumpla con la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto –PIB– y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB) en 2025 debido a la “amplia diferencia entre ingresos y gastos”, añade el informe económico. Según el análisis oficial, el rubro dedicado al régimen de prima media asciende a más de $25 billones, por lo que se busca ejecutar los cambios sin comprometer estos recursos indispensables para los jubilados colombianos.
En este sentido, Diego Guevara destacó que el trabajo principal del Ministerio de Hacienda es reorganizar los recortes: “La prioridad es garantizar que el presupuesto responda a las necesidades del país y que áreas sensibles como las pensiones no se vean afectadas”.
Además del impacto en las pensiones, la decisión de congelar recursos abrió interrogantes sobre el futuro de los otros sectores involucrados. Si bien no se ofrecieron mayores detalles sobre los ajustes que se harán en el nuevo decreto, es claro que el Gobierno Petro se enfrenta a un difícil equilibrio fiscal que exigirá decisiones complicadas para acomodar la reducción de ingresos sin desatender los compromisos sociales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
El panorama económico de Colombia sigue en la mira de los analistas, quienes evalúan el impacto de estas medidas en el equilibrio fiscal a futuro.
Desarrollo sostenible
En su participación en el seminario, Guevara resaltó la importancia de este ajuste, al asegurar que “el trabajo del Ejecutivo es garantizar un desarrollo sostenible” ajustando, en la medida de lo posible, las proyecciones iniciales del presupuesto tras los fracasos legislativos recientes. Estas acciones, sin embargo, se traducen también en un reto para el Gobierno en términos de popularidad y credibilidad en el manejo de las finanzas públicas.
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