
Ha pasado un poco más de un mes desde que el país conoció sobre el presunto caso de abuso sexual del que habría sido víctima Andrea Esperanza Valdez Contreras, una reclusa de la cárcel El Pedregal, de Medellín, por parte de guardias del Inpec y ya existen nuevos detalles del caso.
En la mañana de este lunes 10 de febrero salió a la luz el detallado relato que dio Valdez a funcionarios de la Fiscalía General, en el que señaló cómo fue víctima de dos violaciones sexuales perpetradas por los guardianes en agosto y septiembre de 2024.
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De hecho, producto de los presuntos ataques, la reclusa de 30 años quedó en estado de embarazo y, según comentó a las autoridades, fue sometida a un intento de aborto forzado mediante la administración de una sustancia en su comida, sin su consentimiento.
De acuerdo con el relato de Valdez obtenido por El Espectador, el primer ataque ocurrió el 29 de agosto de 2024, cuando un guardián ingresó a su celda en horas de la noche.

La víctima narró que el hombre, vestido con una blusa negra y pantalón azul, la sujetó por el brazo, la empujó contra la cama y la agredió sexualmente mientras la amenazaba para que no gritara. “Cállese, sapa”, le dijo el agresor, según su testimonio. Tras el ataque, el guardián cerró la puerta de la celda y la advirtió que, si denunciaba lo ocurrido, sería asesinada.
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“Yo pensé que era raqueta o algo. Me levanté, tenía un top puesto y una piyama de pantalón, cuando él de repente me coge del brazo, me tira al planchón, me baja el pantalón. Yo empiezo a gritar. ‘Cállese, sapa’. Ahí me penetra. Ya se baja de mí. Yo me iba a levantar porque la puerta estaba abierta y él me vuelve a empujar. Después sale y cierra la puerta. Se asoma por la rendija y me advierte que si llego a decir algo o informarle algo a alguien, que yo estaba prácticamente legalizada (muerta) y qué él tenía luz verde”, se lee en el relato de la víctima obtenido por el medio nacional.
Asimismo, la reclusa indicó que, una semana después, el 5 de septiembre, fue nuevamente atacada por otro guardián, quien, según su descripción, era un hombre con brackets y nariz prominente.
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“El 5 de septiembre, como a las 2:00 de la madrugada, ingresa a mi celda otro sujeto narizón de brackets, estaba vestido de camiseta negra y pantalón azul. Él entra a lo mismo. Fue más atarván, más grosero, y me decía: ‘Perra hijueputa, cállate, perra, sapa’. Y me tapaba la boca. Pensé que me iba a asfixiar. Colocó la mano en la garganta y me empezó a penetrar. Luego ya salió. Yo quedé en shock. No me levanté. Me tapé con la cobija. Como a la media hora volvió a entrar y me dijo: ‘Sapa, hijueputa’. Que por sapa era que me pasaban las cosas y luego se fue. Me metí a la ducha teniendo asco de mí”, continúa el relato.

Según la denuncia, el caso tomó un giro aún más alarmante cuando Valdez descubrió que estaba embarazada. En su testimonio, la reclusa contó se desmayó en noviembre de 2024 y fue llevada a Sanidad, donde le realizaron exámenes de sangre cuyos resultados nunca le fueron entregados.
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Posteriormente, un guardián le sugirió que solicitara ser trasladada al pabellón de gestantes, lo que despertó sus sospechas. Fue entonces cuando le realizaron una prueba casera de embarazo, que confirmó su estado.
“Él estaba con una dragoneante y entramos al baño con ella y me hice la prueba de embarazo y me salieron dos rayitas”, contó Valdez.
La víctima afirmó que el director de la cárcel, Pablo Yamid Ramírez, la llamó para preguntarle cómo era posible que estuviera embarazada si no tenía visitas íntimas autorizadas desde 2014.
La situación empeoró cuando, el 20 de noviembre de 2024, Valdez fue llevada nuevamente a Sanidad, donde un médico le ofreció interrumpir su embarazo. Aunque la reclusa rechazó esta opción, días después, tras consumir su almuerzo, experimentó sangrado vaginal.
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“Era pollo frito. Y una sopa. Almorcé y después me sentí muy enferma, con mareo, ganas de vomitar y un dolor intenso en el estómago. Me levanté a vomitar y de la fuerza que hice sangré por mis partes íntimas. De inmediato me sacaron para el hospital”, se lee en el relato obtenido por El Espectador.
En el hospital, un ginecólogo le informó que había rastros de cytotec, un medicamento utilizado para inducir abortos, en su organismo. Valdez denunció que este intento de aborto fue orquestado por las autoridades penitenciarias.
La denuncia de Valdez no solo no fue atendida de manera adecuada, sino que desató una serie de represalias en su contra. Según cuenta el expediente, la reclusa recibió amenazas telefónicas, incluyendo una llamada en la que un hombre le advirtió que sería asesinada si continuaba denunciando.
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Además, uno de los guardianes implicados en los abusos habló con otras internas, lo que deterioró aún más la convivencia de Valdez en el pabellón.
Por su parte, el subdirector de la cárcel, Carlos Arturo Yepes, también fue señalado por la víctima de actuar de manera cómplice con los guardianes. Valdez afirmó que Yepes la trataba de manera agresiva y la recriminaba por sus denuncias, llegando a decirle que “por eso les pasa lo que pasa”.
“El subdirector sí siempre fue cómplice de ellos, de los dragoneantes. Siempre trató de favorecerlos. Él es el que manda en esa cárcel, es complaciente con todos los delitos que se cometen allí. Al interior de la cárcel se maquillan todos los delitos. Cada vez que sucede algún hecho en la cárcel argumentan que las internas están locas y de hecho las hacen pasar por locas. Este abuso no es el único, se ha sabido que han violado a varias internas, pero ellas no denuncian por miedo”, contó la víctima.
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A pesar de las amenazas, Valdez continuó colaborando con las autoridades. En diciembre de 2024, fue entrevistada formalmente por un dragoneante del Inpec y por la Fiscalía, quienes comenzaron a investigar los hechos.
Sin embargo, las presiones en su contra no cesaron, y en enero de 2025 fue trasladada a la cárcel de El Buen Pastor, en Bogotá, tras expresar su temor de ser enviada a Picaleña, en Ibagué, donde había recibido amenazas de muerte.
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