Como Dionel López Pérez y Juan Fernando Zúñiga fueron identificados los dos colombianos que estaban en poder del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que fueron liberados este fin de semana.
Los connacionales fueron detenidos el pasado 6 de enero en la vecina población de Ureña y los trasladaron inicialmente a San Cristóbal y posteriormente a Cúcuta (Norte de Santander), según informaron en la emisora Blu Radio.
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A estas dos personas las acusaron de supuestamente ser mercenarios, planear sabotajes en el país hermano y atentar contra su fuerza pública, como es el caso de otros 15 connacionales que permanecen prisiones del régimen, recogieron en el medio radial.
No obstante, en el periódico El Tiempo señalan que son más los detenidos, unos 23, los que permanecen privados de la libertad arbitrariamente en Venezuela y a los que les han negado la asistencia consular correspondiente, pese a los reclamos del propio Gobierno colombiano.
Sobre esta situación, el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, expresó su protesta a finales del año pasado, tras la fraudulenta contienda presidencial en la que supuestamente Maduro fue reelegido.
“Es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las post elecciones, incluidos los colombianos detenidos en su territorio”, trinó en su momento.
Aumenta el número de colombianos detenidos en Venezuela sin asistencia consular
El número de colombianos encarcelados en Venezuela ha crecido de manera significativa, alcanzando un total de 23 personas, quienes permanecen en prisiones venezolanas sin acceso a la asistencia consular que les corresponde por derecho. Esta situación ha despertado preocupación en Colombia y ha intensificado las tensiones diplomáticas entre ambos países.
El presidente Gustavo Petro había denunciado el pasado 16 de enero la detención de 12 colombianos en territorio venezolano. A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario exigió la liberación de los detenidos y destacó la importancia de avanzar hacia la paz en el continente. En su publicación, hizo un llamado a Venezuela a liberar a todas las personas arrestadas en el contexto de las elecciones y postelecciones, incluidos los ciudadanos colombianos.
Petro también mencionó como ejemplo positivo la liberación del defensor de derechos humanos Carlos Correa, subrayando la necesidad de que América sea una región libre de presos políticos.
Sin embargo, las cifras han cambiado desde aquel pronunciamiento. El número de colombianos detenidos ha aumentado a 23, casi el doble de lo inicialmente denunciado, incluyendo la reciente captura de siete ciudadanos colombianos que enfrentan acusaciones de terrorismo y conspiración.
Una de las principales preocupaciones es la falta de representación consular. Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha permitido la intervención diplomática en estos casos, lo que deja a los detenidos en una situación de indefensión y sin acceso a derechos básicos que deberían garantizarse en estas circunstancias.
Este contexto no solo afecta a los detenidos y sus familias, quienes viven en la incertidumbre, sino que también ha tenido un impacto negativo en las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Las tensiones han aumentado, complicando los esfuerzos actuales por fortalecer los lazos diplomáticos después de años de distanciamiento.
El caso de los ciudadanos colombianos detenidos pone de relieve la complejidad de las relaciones entre ambos países y la necesidad de asegurar el respeto a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales en materia consular. La comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de este caso, mientras las familias de los detenidos enfrentan la preocupación constante por el bienestar de sus seres queridos que permanecen en cárceles venezolanas sin respaldo consular.
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