
Durante el Consejo de Ministros transmitido el martes 4 de febrero por televisión nacional, Francia Márquez, la actual vicepresidenta y ministra de la Igualdad, expresó públicamente sus inconformidades con el presidente Gustavo Petro y otros miembros del gabinete.
En su intervención, Márquez denunció casos de corrupción dentro del Gobierno, criticó la falta de apoyo institucional para su cartera y reveló que había entregado una carta de renuncia al mandatario desde el inicio de su gestión como ministra.
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“Mi carta de renuncia yo la puse desde el mismo día que usted me designó ministra de la Igualdad, y usted sabe que la puse en su escritorio, para que usted la firme cuando lo considere. Pero yo le aposté junto a usted a un sueño de cambio y de transformación. Y no pasa un día, presidente, en que no piense eso. Yo pienso en las angustias, y en las preocupaciones, y en el sufrimiento de la gente en este país”, dijo la vicepresidenta.
Esta declaración generó especulaciones sobre su posible salida del Gobierno y las implicaciones políticas que esto podría tener para el país y también para la cartera de la cual ella es cabeza.
La vicepresidenta expresó su frustración por lo que considera un incumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña presidencial. La vicepresidenta señaló que, a diferencia de otros ministros, recibió únicamente un documento que la designaba como ministra de la Igualdad, sin contar con una estructura institucional que le permitiera cumplir con las expectativas del cargo.

“Me hubiera encantado recibir una institución con la que pudiera responderle al país. Sin embargo, recibí un papel con una designación que me obligó, en este año y medio, a crear una institución desde cero”, afirmó Márquez.
Durante su intervención, Márquez también criticó la falta de transparencia en el Gobierno y los escándalos de corrupción que han afectado la administración de Petro. “Me duele que en este Gobierno, que ayudé a elegir, no haya transparencia en muchas acciones y que se presenten tantos actos de corrupción”, declaró. Además, cuestionó decisiones específicas del presidente, como el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho, y denunció actitudes irrespetuosas por parte de la canciller Laura Sarabia hacia su persona.
Estas declaraciones se dieron en un contexto de creciente tensión dentro del gabinete, donde varios ministros aprovecharon la transmisión pública para expresar sus propias inconformidades. Figuras como la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también hicieron críticas al presidente, evidenciando una fractura en el equipo ministerial.

La posibilidad de que Márquez renuncie a uno o ambos de sus cargos generó interrogantes sobre el impacto que esto tendría en el Gobierno de Petro.
Según la Constitución Política de Colombia, si la vicepresidenta decide dimitir, el Congreso de la República será el encargado de elegir a su reemplazo para el resto del período presidencial. Este proceso está regulado por el artículo 205 de la carta magna, que establece que el Congreso debe reunirse por derecho propio o por convocatoria del presidente para tomar esta decisión.
“En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio, o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien haya de reemplazarlo para el resto del período. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso”, dice el artículo 5 de la Constitución.

En caso de que Márquez renuncie únicamente como ministra de la Igualdad, Petro tendría la facultad de designar a otra persona para liderar esa cartera. Sin embargo, su salida como vicepresidenta sería un golpe significativo para el Gobierno, ya que Márquez ha sido una de las figuras más estables y representativas desde el inicio de la administración en 2022.
Desde la promulgación de la Constitución de 1991, sólo dos vicepresidentes han renunciado: Humberto de la Calle , durante el mandato de Ernesto Samper, y Germán Vargas Lleras, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ambos casos sentaron precedentes sobre cómo se maneja este tipo de situaciones en el sistema político colombiano.
En cuanto al Ministerio de la Igualdad, una de las principales promesas de campaña de Márquez, este ha enfrentado múltiples obstáculos desde su creación. La cartera fue establecida en enero de 2023 con un presupuesto inicial de 1,8 billones de pesos y una planta de 744 cargos. Sin embargo, hasta noviembre del mismo año, solo había ejecutado 40.000 millones de pesos, lo que representa apenas el 2,4% del presupuesto asignado.
Además, la Corte Constitucional declaró inviable la ley que dio origen al ministerio debido a errores procesales y la falta de un análisis de impacto fiscal. Aunque el Gobierno tiene hasta 2026 para corregir estos problemas, el futuro de la cartera es incierto. Márquez admitió que la falta de recursos y apoyo institucional ha sido un obstáculo significativo para cumplir con los objetivos del ministerio. “No me interesa la politiquería, la burocracia o la corrupción. Me interesa responderle a mi pueblo”, enfatizó.
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