El consejero de Paz, Otty Patiño, expresó su creciente preocupación por la posible incidencia de los grupos armados ilegales en las elecciones de 2025, haciendo un llamado a fortalecer la democracia en el país. En declaraciones recientes a los medios de comunicación, Patiño destacó que la defensa de la democracia es crucial para garantizar la paz en Colombia.
“Estamos muy preocupados, porque uno de los elementos básicos para que haya paz es, desde luego, la defensa de la democracia. Eso sí, es clarísimo y tiene que ver también con el desarrollo, digamos, del bienestar de las comunidades y, por supuesto, con la paz”, afirmó Patiño.
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El consejero de Paz resaltó que, “el restablecimiento de la soberanía popular es fundamental para la democracia colombiana, tal como lo establece la Constitución de 1991, que reconoce al pueblo como el soberano”. Asimismo, reiteró la importancia del papel de las fuerzas militares en la protección de la soberanía nacional.
Estas declaraciones cobran relevancia en un contexto político delicado, dado que las elecciones atípicas de 2025, sumadas a los comicios presidenciales y legislativos del próximo año, se acercan. Los temores sobre la posible influencia de actores armados ilegales en los procesos electorales, que podrían alterar la voluntad popular, continúan creciendo.
Las declaraciones de Patiño se conocen luego de que Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), criticara la falta de interés de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en garantizar un ambiente seguro para los comicios: “Vemos con muchísima preocupación que no hay un interés de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz frente al proceso electoral cuando tenemos hechos como el del Catatumbo. Hay unas mesas de negociación completamente inestables, una expansión de los grupos armados ilegales y economías ilícitas reforzadas en diferentes partes del país”.
Y es que, durante una sesión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales realizada el martes 28 de enero en Bogotá, Barrios expresó su preocupación frente al recrudecimiento de situaciones de violencia y conflicto en medio de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro.
Según ella, podría resultar en comicios “de muy difícil manejo que pueden terminar siendo caóticos”, subrayando que la expansión de los grupos armados ilegales ha generado dificultades en diversas áreas clave del proceso electoral. Estas dificultades incluyen la inscripción de candidatos, la recolección de firmas, la entrada de partidos políticos a ciertos territorios y la incapacidad de hacer seguimiento y control sobre la financiación ilegal de las campañas.
Ante esta situación, la MOE solicitó una mayor articulación entre las distintas entidades involucradas, especialmente en las regiones donde existen mesas de negociación o donde grupos armados vinculados a procesos de diálogo tienen presencia activa. “Es fundamental que esta planificación incluya a las autoridades locales, las organizaciones políticas y las instancias electorales departamentales y municipales para garantizar un enfoque integral”, afirmó Barrios.
El informe de la MOE también destacó que, en el presente año, se realizarán al menos 19 elecciones atípicas y los comicios de Consejos de Juventud; y de cara a 2026, se llevarán a cabo las elecciones de Congreso y Presidencia. En este contexto, se detalló que la Registraduría contará con recursos por $2,5 billones y el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispondrá de $605.418 millones.
“Se recomienda hacer público el cronograma de ejecución de las contrataciones de soluciones tecnológicas y logísticas electorales, previendo tiempos suficientes para la realización de auditorías y pruebas de funcionalidad y seguridad antes de su implementación”, agregó la MOE en su informe.
En cuanto a la seguridad durante las elecciones, la MOE pidió a la subcomisión de Riesgos al Proceso Electoral que se establezca un mecanismo de seguimiento para cada puesto de votación, considerando especialmente las situaciones de seguridad en las zonas de alto riesgo electoral. Asimismo, propuso la implementación de un protocolo para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en política (VCMP).
Finalmente, instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a convocar mesas técnicas que incluyan la participación de organizaciones políticas, con el fin de asegurar el buen funcionamiento del aplicativo Cuentas Claras en las elecciones.
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