La Superintendencia de Salud intervino la EPS Sanitas en abril de 2024, alegando la necesidad de subsanar los riesgos financieros que ponían en peligro la continuidad de la aseguradora y la prestación de servicios para sus afiliados. Sin embargo, la situación de la entidad no ha mejorado desde esa toma, y los últimos informes financieros reflejan una pérdida neta que ha crecido de manera alarmante.
Con corte a septiembre de 2024, y tras cinco meses bajo la administración estatal, los estados financieros de EPS Sanitas reportan una pérdida neta de $240.669 millones. Este monto supera en un 80% la pérdida registrada en el mismo periodo de 2023, que había alcanzado los $133.642 millones. Esta cifra refleja la profunda crisis que atraviesa la entidad, que aún no logra recuperar su estabilidad financiera después de la intervención.
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El desempeño negativo de la EPS se produce en un contexto de fricciones entre el Gobierno y las aseguradoras en salud, especialmente en lo que respecta al ajuste en el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La UPC es una de las fuentes más importantes de ingresos para las EPS, ya que se utiliza para el pago de servicios prestados por hospitales y clínicas a los afiliados. La falta de acuerdos entre las partes sobre la financiación y distribución de estos recursos ha generado incertidumbre en el sector.
El Gobierno ha señalado que las EPS no han sido claras respecto al destino que dan a los recursos públicos, lo que ha generado críticas por parte de diversos gremios del sector salud. En particular, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha insistido en que la población afiliada y sus necesidades han crecido a un ritmo mayor que los recursos destinados a cubrirlos, lo que ha debilitado los indicadores financieros de las aseguradoras.
Esta situación generó que, incluso, el Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, anunciara medidas legales contra el Estado colombiano. La empresa calificó la intervención como un incumplimiento de los compromisos en torno a la sostenibilidad financiera del sistema de salud, lo que ha provocado un deterioro considerable en sus resultados financieros.
Según los representantes de Keralty, el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos previos y esto ha afectado gravemente la estabilidad de la entidad. “Consideramos que se trata de un acto administrativo contrario a la ley y, en ese sentido, hemos diseñado una estrategia jurídica en diferentes frentes que tiene por finalidad únicamente tratar de que la administración vuelva lo más pronto posible a nosotros; es decir, queremos recuperar por la vía judicial la empresa”, declaró Juan David Riveros, abogado del Grupo Keralty, una organización de capital español con operaciones en 10 países y una base de 10,5 millones de usuarios en todo el mundo.
En Colombia, Keralty es propietaria de una amplia cartera de empresas del sector salud, que incluyen Medicina Prepagada Colsanitas, Medisanitas, Clínica Colsanitas, y otros centros médicos, hospitales y servicios especializados. Además de Sanitas, el grupo posee activos en clínicas dentales, oftalmológicas, de salud ocupacional y de atención a la infancia y salud psicosocial.
En el caso de Sanitas, esta es una de las EPS más grandes de Colombia con 5,8 millones de afiliados y la única que pertenece a un grupo internacional entre las ocho EPS que han sido intervenidas por el Gobierno. Sin embargo, a pesar de la medida, las pérdidas de Sanitas no han hecho más que aumentar bajo la administración estatal, lo que pone en evidencia la creciente tensión entre el sector privado de la salud y las autoridades gubernamentales, que se encuentran en un proceso de ajuste financiero dentro del sistema de salud colombiano.
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