La Personería Distrital de Medellín informó en la mañana del martes 14 de enero que formuló un pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios del Instituto de Recreación y Deportes (Inder) de Medellín, señalados por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo firmado en 2020 con la entidad Metroparques, durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.
Según informó la Personería, el contrato, valorado en más de 1.629 millones de pesos, habría sido aprobado sin cumplir con los principios fundamentales de la contratación estatal, lo que podría derivar en faltas disciplinarias de carácter gravísimo.
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De acuerdo con el Proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria de la Personería, los implicados son Diana Toro Zuleta, exdirectora del Inder; Yuberth Antonio Ordoñez Vergara, exjefe de la Oficina Asesora Jurídica; Carmen Lucía Tangarife López, asesora de la entidad; y Seller Álvarez Urrego, profesional especializado.
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El ente de control señaló que los exfuncionarios habrían omitido verificar adecuadamente las capacidades del contratista y no habrían justificado de manera adecuada el proceso de contratación, vulnerando principios como la economía, la transparencia, la planeación y la selección objetiva.
La personera delegada para Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, Yenny Serna Montoya, explicó que estas acciones podrían constituir una falta disciplinaria gravísima, cometida a título de culpa gravísima.
El caso será remitido al área de decisión disciplinaria, donde se evaluará el material probatorio recopilado para tomar una decisión definitiva, garantizando el debido proceso a los implicados.
“La Personería ha advertido que los funcionarios mencionados podrían haber participado en la etapa precontractual sin el debido conocimiento de los principios que rigen la contratación estatal, tales como: economía, transparencia, planeación y selección objetiva. Se presume que aprobaron el proceso de contratación sin la justificación adecuada y que omitieron verificar la capacidad del contratista”, comentó la personera delegada.
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Además de las acciones disciplinarias, el caso también ha derivado en investigaciones penales. Según conoció El Colombiano, la Fiscalía imputó cargos a Diana Toro y otros exfuncionarios, incluyendo altos directivos de Metroparques, por presuntos delitos como peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
En este contexto, se estima que las irregularidades contractuales relacionadas con el Inder, Metroparques y otras entidades ascienden a 22.000 millones de pesos.
Entre los señalados por la Fiscalía también se encuentran Jorge Enrique Liévano, exdirector de Metroparques, y Mauricio Jaramillo Botero, representante de la empresa Cyan, contratista involucrado en el convenio.
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Según el ente acusador, Liévano enfrenta cargos por presunta asociación para cometer delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y celebración de contratos sin los requisitos legales.
Por su parte, Jaramillo Botero es investigado por los mismos delitos, además de su presunta participación en una asociación ilícita para cometer actos en detrimento de los recursos públicos.
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitó una condena superior a los 10 años de prisión para dos exgerentes de Metroparques y para la exdirectora del Inder, Diana Toro Zuleta.
Asimismo, pidió una sanción ejemplar contra el representante legal de Cyan, señalando que esta empresa habría sido favorecida de manera indebida en el proceso contractual.
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El convenio interadministrativo suscrito en 2020, que ahora está bajo la lupa de las autoridades, se suma a una serie de escándalos que han puesto en entredicho la gestión de recursos públicos en Medellín durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle.
Las investigaciones buscan esclarecer el alcance de las irregularidades y determinar las responsabilidades individuales de los implicados en este caso que ha generado gran repercusión en la opinión pública.
La Personería Distrital y la Fiscalía continúan avanzando en sus respectivas investigaciones, mientras los exfuncionarios y contratistas señalados enfrentan procesos disciplinarios y penales que podrían derivar en sanciones severas.
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