Profesionales de la salud están en alerta por el incremento de la unidad de pago por capitación (UPC) que estableció el Gobierno nacional para 2025. Pues, el aumento del 5,36% es considerado insuficiente, teniendo en cuenta las deudas que hay en el sistema de salud y el incremento de gastos que supone la atención de los usuarios.
No obstante, según el presidente Gustavo Petro, el incremento de los recursos girados a las EPS por cada uno de los afiliados al sistema de salud es real, basado en la tasa de inflación esperada para 2025, que sería del 3%, y no en la de 2024, que fue del 5,4%. Esto, a pesar de que el Congreso de la República archivó el proyecto de ley de financiamiento (reforma tributaria), con el que se pretendía completar el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025.
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“Fue el Congreso el que no discutió el presupuesto, y peor aún, no discutió la ley de financiamiento, obligándonos ya no a aumentar el gasto, sino a aplazarlo. En el decreto de aplazamiento encontrarán que entre todos los gastos aplazados, el que no sufre ningún aplazamiento es precisamente Salud”, precisó el jefe de Estado en X.
En medio de las voces críticas, surgió una a favor. Se trata de la exministra de Salud del Gobierno Petro Carolina Corcho, que aseguró que las EPS no tienen justificación para dejar de prestar sus servicios a los afiliados bajo el argumento de que no cuentan con el dinero suficiente para ello. Pues, por concepto de UPC, tendrán más de $95 billones para operar, a lo que se suman otras adiciones a los presupuestos máximos.
“Debo decir como médica y ciudadana, que no aceptamos mecanismos de presión y chantaje de los gremios de las EPS para negar servicios a los pacientes, presionando sin fundamento ni datos transparentes, que los colombianos debemos entregarles más recursos, sin que eso lo traduzcan en honrar sus deudas con clínicas y hospitales”, aclaró.
Ante las advertencias de que habrá un “impacto crítico” en los hospitales y clínicas, la exministra aseguró que, aunque el aumento de la UPC sí está por debajo de las expectativas de las EPS, supera la tasa de inflación, lo que representa una buena noticia para los prestadores de servicios de salud. El problema radica entonces en el manejo de los recursos, y no necesariamente en la cantidad que otorga el Gobierno.
“Un manejo discrecional, opaco, poco transparente”, aclaró, en conversación con W Radio.
Además de eso, hay injustos procesos de contratación en los que solo determinadas clínicas y hospitales son tenidos en cuenta. En 2023 se identificó que 309 clínicas y hospitales concentraron el 76% de la facturación del sistema de salud, cuando hay 11.000 entidades para contratar. “Discrecionalmente, se contratan a sí mismos”, precisó al medio.
La discusión sobre la UPC y la presunta falta de dinero para las EPS ya había sido abordada en 2024 y, según Corcho, en abril de ese año se pudo determinar que los estados financieros de las EPS no evidenciaban ningún déficit. “No es cierto que los recursos fueron insuficientes (...). $13,2 billones en cuatro años no aparecen claramente justificados en los estados financieros”, indicó.
Así las cosas, la exministra aseguró que la preocupación no debería estar en la falta de recursos, sino en el manejo que se le darán, teniendo en cuenta que aunque la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) gira el dinero, no lo administra; eso es tarea de las EPS, que se han visto envueltas en escándalos de presunta corrupción. Justamente, esto es algo que busca modificar la reforma a la salud que cursa en el Congreso.
Instó entonces a las entidades promotoras a presentar los datos requeridos para solicitar un reajuste de la UPC. “Si se abren nuevas mesas técnicas para revisar el tema, estas deben hacerse sobre la base de datos e información transparente y clara. No sobre la base de especulaciones que buscan sembrar pánico, animadversión dentro del sector salud e infundir miedo a la ciudadanía”, añadió.
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