
La discusión sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2025 sigue siendo el tema central para los gremios de trabajadores y empresarios, después de que ambos sectores no lograran ponerse de acuerdo para establecer una cifra.
De hecho, después de conocerse que el presidente Gustavo Petro haría el anuncio sobre el incremento que se aplicará el 2025 a los más de 22 millones de trabajadores formales del país, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió sobre las posibles consecuencias económicas de una decisión unilateral por parte del Gobierno, que podría anunciar el incremento por decreto este martes 24 de diciembre.
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De acuerdo con lo informado por el líder gremial en una entrevista concedida a Noticias Caracol, aunque el plazo para definir el aumento del salario mínimo se extiende hasta el 30 de diciembre, el Gobierno habría decidido adelantar el anuncio, lo que ha generado críticas desde el sector empresarial.
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Mac Master calificó esta decisión como un “abandono de los esfuerzos” por alcanzar un consenso en la mesa tripartita. En sus declaraciones, el líder gremial señaló que, pese a las diferencias, los empresarios presentaron “un par de propuestas confidenciales” para evitar que el ajuste se determine sin acuerdo.

“El Gobierno tiene que tener mucho cuidado en la cifra que elija ahorita, porque tal como lo dijo el Banco de la República, si se equivoca probablemente va a tener un efecto importante sobre la inflación y el efecto sobre la inflación va a tener una gran cantidad de consecuencias”, comentó Mac Master al medio nacional.
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Según explicó, la decisión del Gobierno nacional afectaría directamente a los hogares colombianos, tanto en su poder adquisitivo como en su capacidad para enfrentar los costos de vida, además de frenar la reactivación económica del país.
Además, señaló que un incremento mal equilibrado podría tener repercusiones negativas en el empleo y fomentar la informalidad laboral, lo que iría en detrimento de los trabajadores que se busca beneficiar.
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El líder gremial también resaltó la importancia de encontrar un equilibrio entre el aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y el control de la inflación. “Si no se define una cifra correcta, quienes terminarán pagando las consecuencias serán los hogares colombianos”, afirmó en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.
Asimismo, destacó que las decisiones en torno al salario mínimo deben considerar no solo las necesidades inmediatas de los trabajadores, sino también el impacto a largo plazo en la economía del país.
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“No vamos a poder reducir más las tasas de interés o le vamos a quitar espacio, digamos, al Banco de la República para que reduzca la tasa de interés y esto va a tener efectos importantes, tanto sobre los hogares colombianos, que son los principales afectados, como por supuesto sobre la reactivación económica, que también termina teniendo efectos sobre los hogares colombianos”, comentó Mac Master.
Entretanto, las diferencias entre las partes involucradas en la negociación son notorias. Los empresarios han propuesto que el aumento del salario mínimo sea equivalente al porcentaje de inflación registrado al cierre del año, estimado en un 5,2%, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) planteó un incremento del 12%, lo que elevaría el salario mínimo mensual a 1.456.000 pesos.
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En un intento por mediar, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) recomendó un aumento intermedio del 6,83%.
Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de 1.300.000 pesos, y su ajuste anual debe considerar factores como la inflación, el crecimiento económico y las necesidades de los trabajadores.
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Sin embargo, la falta de consenso en la mesa tripartita ha llevado a que el Gobierno tome la iniciativa de definir el incremento por decreto, una medida que no está exenta de controversia.
El presidente Gustavo Petro ha convocado una rueda de prensa para este 24 de diciembre, donde se espera que se anuncie el incremento del salario mínimo para 2025, lo que ha generado expectativas y tensiones, ya que marcará el rumbo de la política económica y laboral del próximo año.
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La decisión del Gobierno será clave para determinar si se logra un equilibrio entre las demandas de los trabajadores y las preocupaciones de los empresarios, en un contexto económico que sigue siendo desafiante.
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