Cidh ordenó a Colombia entregar tierras e incluir al pueblo u’wa en los planes petroleros de su territorio

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) falló en contra del Estado colombiano por violar los derechos del pueblo indígena u’wa. El pueblo históricamente asentado en la falda del Nevado del Cocuy ganó una batalla contra el país y también contra las multinacionales petroleras que trabajan en su territorio.

Para reparar a esta comunidad, el tribunal internacional emitió la orden de avanzar en el proceso de titulación de tierras y restituya la propiedad colectiva de las tierras en el menor tiempo posible. A su vez, obligó a Colombia a consultar con la comunidad y tener en cuenta su opinión en los proyectos petroleros que los involucren.

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En la notificación sancionada el 20 de diciembre de 2024, la Cidh confirmó que se vulneraron los derechos a la propiedad colectiva, la participación política, el acceso a la información, la participación en la vida cultural.

Otros de los derechos violados fueron el acceso a medio ambiente sano, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales, los derechos de la niñez, y las garantías judiciales y la protección judicial, en perjuicio del pueblo indígena u’wa.

“La Corte concluye que el Estado violó el derecho a la propiedad colectiva por la falta de eficacia en resolver la clarificación de los títulos coloniales del Pueblo U’wa, y por no haber culminado la titulación y saneamiento del Resguardo U’wa y el Resguardo Unido Kuitia”, indicó la sentencia.

Incluso, el tribunal internacional solicitó al Estado colombiano “adoptar y concluir las medidas necesarias, sean estas legislativas, administrativas, judiciales, registrales, notariales, o de cualquier otro tipo, a fin de efectuar el saneamiento integral del Resguardo Unido U’wa y el Resguardo Kuita”.

De igual manera, el país se verá obligado a implementar “un proceso de participación respecto de los proyectos extractivos vigentes y que fueron objeto de análisis en la presente sentencia, y deberá garantizar que aquellos ubicados en el Resguardo U’wa o en áreas adyacentes no generen impactos en el ejercicio del derecho a la participación en la vida cultural del pueblo indígena”.

El país también será forzado a presentar y ejecutar medidas cuyo fin principal sea mitigar los daños ambientales que fueron provocados en su territorio por las voladuras del Oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Las obligaciones impuestas al Estado Colombiano corresponden a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que si bien Colombia realizó acciones para la titulación y saneamiento del territorio que constituye el Resguardo u’wa, este proceso no ha sido culminado a más de 23 años de la creación de dicho resguardo, y de 10 años de los acuerdos de 2014.

“Existen elementos que permiten concluir que el Estado no ha terminado de identificar la totalidad de los predios que tendrían que ser adquiridos para el saneamiento total del territorio, no ha terminado de realizar las compras de las tierras, y no las ha titulado a favor del Pueblo U’wa”, explicó la Corte.

El fallo mencionó que el Estado colombiano tampoco realizó los procesos adecuados de consulta previa respecto de los proyectos extractivos del Bloque Samoré, el Bloque Siriri-Catleya, Proyecto Gibraltar 1, Gibraltar 3, el Gaseoducto Gibraltar-Bucaramanga, y el APE Magallanes.

En ese sentido, ordenó al Estado involucrar al pueblo u’wa en la administración y conservación en la zona de traslape del Parque Nacional El Cocuy con el Resguardo U’wa, de manera que su cosmovisión sea considerada y que existan beneficios tangibles para el pueblo.

Frente al fallo, Javier Villamizar, presidente de Aso u’wa aseguró que “hoy es un día histórico para nuestro pueblo. Después de tantos años de lucha para ser escuchados y poder decidir ante proyectos que amenazan la vida de nuestra Madre Tierra, la Corte nos ha respaldado”, destacó.