Aumento en el salario mínimo en Colombia en el 2025 le costaría casi 40 billones de pesos al Estado

El ajuste salarial para los empleados públicos en 2025 podría tener un impacto significativo en las finanzas del Estado, con un costo adicional estimado en $3,59 billones frente al presupuesto destinado a salarios en 2024.

Este incremento, que sería un efecto colateral derivado del aumento del salario mínimo y de un posible crecimiento del 10% en los sueldos de los trabajadores estatales, se sumaría a los $35,9 billones que actualmente representan el salario básico, sin considerar otros factores salariales como primas y bonificaciones de los servidores públicos.

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De acuerdo con un análisis que publicó el diario especializado La República, que citó al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el gasto total en sueldos (con beneficios) estatales ascendería a $59,8 billones.

Este monto, en detalle, incluye no solo los pagos básicos, sino también otros componentes de las remuneraciones, como contribuciones y prestaciones sociales, que representan el 40% del total.

Mientras tanto, la discusión sobre el incremento del salario mínimo, que también afecta a los empleados públicos se encuentra en una encrucijada. Los gremios empresariales proponen un aumento del 6%, mientras que sindicatos y centrales obreras abogan por un 12%.

En este contexto, las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que destacó que el aumento debería ser significativo tras el fracaso de la segunda reforma tributaria, han generado incertidumbre. De concretarse un alza del 10%, la nómina estatal podría alcanzar, en efecto, los $39,5 billones en 2025 en solo salario.

Así realizan el cálculo

William Reyes García, investigador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, le explicó al medio que las proyecciones salariales se calculan con base en datos del Ministerio de Hacienda, que consolidan información sobre empleados y asignaciones de las entidades públicas.

Esa base es de unos “supuestos macroeconómicos”, en los que confluyen las solicitudes de todas las entidades del Estados y el número de empleados, asignaciones de sueldos, y más factores.

“El Ministerio de Hacienda aprovisiona un monto de recursos, eso lo pone en una bolsita llamada distribuciones (...) es decir que es una plata que se programa, pero que en el momento de calcular no se tiene certeza sobre el monto definitivo”, afirmó Reyes.

Sin embargo, aparte de la tarea del cálculo del incremento para el presupuesto del Estado, en el diálogo Reyes fue enfático en que ese aumento podría afectar el cumplimiento de la regla fiscal.

“Los salarios no es lo único que podría recortar el Gobierno. El ajuste que tendrá que hacer el Estado en 2025 es de casi $40 billones para cumplir con la norma de regla fiscal”, dijo Reyes.

Así compaginó, por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, que en diálogo con el medio económico advirtió sobre las implicaciones de un incremento excesivo: “Un punto porcentual adicional podría costarle al Gobierno hasta medio billón de pesos. Si el aumento es muy alto, podría haber despidos, como ocurre en las empresas cuando los ingresos no crecen al ritmo de los costos salariales”.

“El Gobierno debería darse cuenta de que un aumento excesivo va a apretar las finanzas públicas y, como empresa también sufrirá las consecuencias, como hacer despidos”, puntualizó.

En el desglose del gasto estatal, el sector de Defensa y Policía concentra $24,5 billones, dado que cuenta con casi 500.000 de los 677.000 puestos públicos. Este sector representa 12% del Presupuesto General de la Nación y es el de mayor peso en la nómina estatal, según informó el portal informativo económico.

Mientras se espera la decisión final sobre el salario mínimo, los analistas coinciden en que cualquier aumento deberá equilibrar las necesidades laborales con la estabilidad fiscal del país.

Mientras tanto, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha enfatizado la necesidad de un incremento que no solo compense la inflación, sino que también contribuya a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Ramírez ha destacado en diversas oportunidades que el Gobierno está comprometido con un ajuste que equilibre las necesidades de los empleados con las capacidades de los empleadores.