El 12 de diciembre de 2024, el presidente Gustavo Petro hizo públicas duras críticas a la reciente decisión del Consejo de Estado, que anuló la elección de José Luis Bohórquez López como alcalde de Duitama, un fallo que, según el primer mandatario, refleja un intento de frenar el cambio político en Colombia.
Por tal motivo Petro, en su habitual tono combativo, calificó la resolución del alto tribunal como un acto de “perfidia” y acusó a sus miembros de estar utilizando la justicia con fines políticos, en un fenómeno que él denominó lawfare, una estrategia de manipulación de la justicia para perseguir a sus opositores.
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El primer mandatario argumentó que las decisiones de este tipo buscan frenar la emergente clase política joven y progresista que él considera fundamental para el futuro del país y, según el presidente, estos fallos están dirigidos por “corazones de la vieja política” que buscan detener el avance de la coalición del Pacto Histórico, de la que forman parte su movimiento Colombia Humana, el Polo Democrático, entre otros partidos aliados.
Petro no es demócrata
Las declaraciones del presidente no tardaron en generar respuestas contundentes. Por ejemplo, el exfiscal General Francisco Barbosa, que en el pasado fue una figura clave en la Fiscalía General de la Nación durante el mandato de Iván Duque, utilizó su cuenta en X para defender la independencia del poder judicial y rechazar las acusaciones del presidente.
Barbosa señaló que, como en otras ocasiones, Petro no demuestra una actitud democrática, sugiriendo que el mandatario se ve a sí mismo como “jefe de los jueces”, pues a juicio del exfiscal, el presidente responde a las decisiones judiciales que no se alinean con sus intereses atacando a los magistrados y exponiéndolos públicamente.
En ese sentido, Barbosa, crítico habitual de Petro, destacó que los magistrados del Consejo de Estado, al no dejarse influenciar por estos ataques, demostraron su compromiso con la democracia y la independencia judicial.
Reacción de la CEJ
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), una entidad dedicada a la promoción de la autonomía y la transparencia en el sistema judicial colombiano, también intervino en el debate.
A través de un comunicado fechado del 16 de diciembre de 2024, la CEJ expresó su rechazo a las afirmaciones de Petro y reiteró su apoyo al Consejo de Estado, pues señaló que las expresiones del presidente, que tildaron de “lawfare” y persecución política las decisiones judiciales, ponían en riesgo la dignidad de los jueces y promovían una desconfianza innecesaria hacia las instituciones judiciales.
En su declaración, la CEJ reafirmó el compromiso del Consejo de Estado con la defensa del orden jurídico y la democracia, subrayando que las decisiones del alto tribunal son tomadas con total independencia y ajustadas a los principios constitucionales.
La corporación destacó que la autonomía judicial es esencial para el equilibrio de poderes en una democracia y que la deslegitimación de la justicia por parte del Ejecutivo debilita este equilibrio y favorece la polarización.
El Consejo de Estado también respondió
El Consejo de Estado no tardó en responder a las críticas del presidente, por lo que el magistrado Milton Chaves, presidente del alto tribunal, rechazó categóricamente los señalamientos de Petro.
Chaves calificó las acusaciones de “graves, sistemáticas e irrespetuosas” y destacó que el Consejo de Estado actúa bajo los principios de autonomía e independencia judicial, garantizando la legalidad de sus decisiones.
Al respecto, afirmó que las sentencias y conceptos emitidos por la corporación están fundamentados en la Constitución y la ley y que son fruto de procesos judiciales imparciales.
Además, el presidente del Consejo de Estado reiteró que las afirmaciones del presidente sobre un supuesto uso político de la justicia son infundadas y distorsionan la realidad.
Por lo tanto, Chaves subrayó que este tipo de acusaciones no solo afectan la honra de los jueces, también socavan la confianza pública en las instituciones judiciales que son esenciales para el funcionamiento del Estado Social de Derecho.
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