Abogados recomiendan seguir lineamientos de ‘Ley Space’ en caso de Conjunto Privilegios, colapsado en Barranquilla

Son muchos los interrogantes que han surgido a raíz del colapso de la edificación del Conjunto Privilegios, de Barranquilla, ubicado en la calle 89 con carrera 41, que había presentado problemas en el pasado, pues tuvo que ser evacuado hace algunos años, debido a las afectaciones que presentaba su infraestructura.

Hay quienes afirman que pudo haber sido evitada y que algunos de los apartamentos estaban habitados, pues varias de las familias se negaron a dejar sus hogares por lo que las autoridades están realizando las primeras inspecciones.

La firma legal Blackton le puso la lupa al caso y tomó como punto de partida antecedentes como el del Edificio Space, en Medellín, que representó una tragedia para cientos de familias en la capital antioqueña.

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Señalan que desde 2024 entró en vigor la Ley Space, una legislación que refuerza la protección de los propietarios de edificaciones nuevas frente a posibles fallos estructurales. Esta ley establece un amparo obligatorio que cubre los daños estructurales que puedan presentarse en los inmuebles. Los costos de este amparo, que puede gestionarse a través de seguros, deberán ser asumidos por los constructores o los vendedores del proyecto, brindando una mayor seguridad a los compradores.

Además del seguro, la legislación también impone una garantía de 10 años a los constructores, durante la cual deben responder por cualquier daño derivado de defectos en la construcción, uso de materiales deficientes, problemas de diseño o fallas relacionadas con el terreno donde se edifica.

Responsabilidades legales de los actores involucrados

No solo los constructores están sujetos a responsabilidad en casos de colapso o fallas estructurales. Según Blackton, otros actores también pueden ser considerados responsables, incluyendo:

• Entidades públicas: Municipios, distritos y curadores urbanos podrían enfrentar reclamaciones si se demuestra que ignoraron alertas previas o denuncias sobre riesgos de colapso. Este principio ya fue aplicado en el caso Space en Medellín, y podría repetirse en situaciones como la de Barranquilla.
• Directivos y accionistas: Los jueces, en algunos casos, han ordenado el pago de indemnizaciones por parte de los representantes legales, directivos e incluso accionistas de las empresas constructoras involucradas, aun cuando estas hayan sido disueltas o liquidadas.

Medidas de prevención y protección para los constructores

Para evitar responsabilidades legales y garantizar la seguridad de sus proyectos, los abogados recomiendan a los constructores adoptar medidas adicionales más allá de las establecidas por la Ley Space. Entre estas:

• Asesoría técnica: Es esencial contar con expertos en diseño y construcción para garantizar que las obras cumplan con estándares de calidad y seguridad.
• Trazabilidad documental: Mantener un registro detallado de las acciones realizadas en cada proyecto puede ser clave para defenderse frente a investigaciones o demandas.
• Seguros complementarios: Además del seguro decenal exigido por la Ley Space, se recomienda contratar coberturas adicionales para daños a terceros y a bienes muebles o inmuebles cercanos, dado que el seguro decenal solo protege el inmueble directamente afectado.

Pronunciamientos de Alcaldía de Barranquilla en caso de Conjunto Privilegios

De acuerdo con las revelaciones, la empresa de Alejandro Char fue la encargada de edificar el conjunto Privilegios, pero años después enfrentó serios problemas legales que culminaron en su liquidación. A pesar de los intentos por solucionar las dificultades, los propietarios de los inmuebles fueron los que sufrieron las consecuencias más graves, pues muchos de ellos invirtieron todos sus ahorros en la compra de una vivienda que, como ahora se sabe, presentaba riesgos estructurales que no fueron atendidos a tiempo.

El caso del conjunto Privilegios no fue el único problema en la zona. Campo Alegre vivió otra crisis relacionada con la seguridad de sus edificaciones. En agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico emitió una orden de evacuación para 27 torres en las urbanizaciones Colina Campestre I y II, que también enfrentaban graves riesgos debido al deterioro de sus estructuras.