Pese a la polémica, Gobernador de Antioquia cobrará la tasa de seguridad: este es el día en que comenzará a regir

Contra viento y marea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, continúa con su propósito de implementar el cobro a la tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Este proyecto fue aprobado en segundo debate por la Asamblea de Antioquia, el miércoles 4 de diciembre.

“La inseguridad es el impuesto más alto que pagamos como sociedad. Creo en la seguridad como generadora de tranquilidad y motor de la inversión. ¿Para qué libertad o bienes, si no podemos disfrutarlos? La mejor inversión es la seguridad, creo en ella. Como gobernador propuse la tasa de Seguridad y hoy gracias a Dios fue aprobada. Gracias a los diputados que acompañaron esta iniciativa y a quienes enriquecieron este debate con propuestas y conversaciones incómodas, de eso se trata la democracia y de eso se trata gobernar”, dijo el gobernador, que enfatizó que con este cobro se busca invertir $1,09 billones entre 2025 y 2027 en cinco proyectos clave.

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Esta propuesta no ha sido bien recibida, ni por líderes políticos destacados de derecha como el expresidente Álvaro Uribe, ni por su aliado en el departamento, el alcalde Federico Gutiérrez, que le cerró las puertas de EPM para incluir el cobro en los recibos de servicios públicos. No obstante, Rendón seguirá adelante con el polémico cobro, destacando que esta iniciativa ya ha sido implementada en departamentos como Valle del Cauca o Sucre.

“EPM nos ayudaría muchísimo si nos ayuda a recaudar, pero ya ha dicho que no lo va a hacer, aún cuando lo hace en otros departamentos con sus filiales. Lo hace en el Valle del Cauca, como comercializador de grandes volúmenes de energía, a grandes comercios e industrias. También lo hace donde opera Afinia”, expresó el mandatario.

Las declaraciones de Rendón surgen a raíz de lo expuesto por el gerente de EPM, John Maya Salazar, en medio de una sesión en la Asamblea Departamental, donde advirtió sobre los riesgos legales que podría acarrear este cobro, señalando que podría violar el principio de legalidad tributaria y generar inseguridad jurídica tanto para la empresa como para sus usuarios. Esta situación, según expresó, podría derivar en conflictos legales y reclamaciones, así como en investigaciones administrativas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En el contexto de esta discusión, el diputado liberal Jonathan Roldán presentó varias facturas del Grupo EPM que incluían la aplicación de una tasa de seguridad y convivencia. Una de estas facturas, correspondiente a un cliente industrial del Valle del Cauca, mostraba un cobro de $2.000.000, mientras que otra, emitida por Afinia a un cliente residencial de estrato 4 en el barrio Boston de Sincelejo (Sucre), incluía una tasa de $18.830.

El debate sobre la legalidad de este cobro culminó en la Asamblea con una votación que aprobó la tasa de seguridad con 14 votos a favor y 10 en contra. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo con la implementación de este nuevo impuesto, afirmando que no está dispuesto a aplicarlo en la ciudad. “Yo ya se lo he expresado al gobernador: a través de EPM no vamos a hacer ese cobro del aumento de la tarifa de energía”, afirmó.

Esta es la fecha en que se comenzará a cobrar la tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana

El gobernador Rendón Cardona indicó que la contribución prevista en la tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2025. La responsabilidad de la recaudación de estos fondos recaerá sobre la empresa Valor Mas S.A.S.

Rendón Cardona explicó que la elección de esta entidad para la recaudación se debe a la facilidad con la que pueden identificar los domicilios de los suscriptores, especialmente aquellos ubicados en los estratos 4, 5 y 6. “Tenemos información construida con Empresas Públicas de Medellín sobre el consumo de esos suscriptores. Es fácilmente identificable en el sector oficial, del comercio e industrial”, indicó. Y agregó que la contribución no afectará al 85 % de los suscriptores de los estratos 1, 2 y 3, impactando principalmente a la industria, el comercio, el sector oficial y los estratos 4, 5 y 6.