Jorge Toro, abogado y presidente del sindicato de las IPS (Unión de IPS), alertó sobre la situación que atraviesa el sistema salud en Colombia.
“Ya contamos con ocho EPS intervenidas; sin embargo, la cartera antigua no se está pagando, solo la corriente”, indicó Toro a Blu Radio.
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Según el abogado, el no desembolso de recursos ha llevado a que las IPS tengan un colapso financiero, razón por la cual expresó que la situación pone en peligro la continuidad de los servicios esenciales a los colombianos.
Jorge Toro explicó al citado medio que la deuda acumulada inicia de una cartera total que, según la Superintendencia Nacional de Salud, asciende a 22 billones de pesos, motivo por el cual detalló que se estima que entre 15 y 16 billones de pesos corresponden a una cartera antigua, la cual podría enfrentar un alto riesgo de impago.
“Tenemos un problema de falta de reservas técnicas que impide cubrir esta deuda”, indicó el presidente del sindicato de las IPS.
Jorge Toro, explicó que de no tomar medidas urgentes, todo el personal de las IPS, incluido, enfermeros, médicos y demás “está en riesgo de no cobrar su sueldo de diciembre”.
Y agregó: “Este modelo de intervención no ha resaltado soluciones efectivas y ha dejado a muchas IPS sumidas en la incertidumbre”.
Ante esta situación, el abogado Toro exigió una solución lo más pronto posible para garantizar el sueldo de miles de empleados en Colombia.
Revisan irregularidades en intervenciones a EPS
La Superintendencia Nacional de Salud enfrenta cuestionamientos sobre los nombramientos realizados durante la gestión de Luis Carlos Leal como superintendente, de acuerdo con información obtenida y recopilada por la Revista Semana.
Según información revelada, varios agentes interventores designados para manejar entidades como Emssanar, Asmet, SOS EPS, Nueva EPS y el Hospital Departamental María Inmaculada no están registrados en el Rilco, el sistema oficial que valida la experiencia técnica y conocimientos necesarios para gestionar recursos en el sector salud.
El Rilco, que funciona como repositorio de hojas de vida, es una herramienta clave para asegurar que los interventores cumplen con los estándares requeridos. Sin embargo, las designaciones realizadas por Leal parecen haber ignorado este proceso.
Por ejemplo, agentes interventores como César Augusto Sánchez en Emssanar y Javier Ignacio Cormañe en Asmet no figuran en el registro, lo que ha generado dudas sobre su idoneidad.
Además, se señala que Julio Alberto Rincón, nombrado interventor de Nueva EPS, tampoco forma parte del Rilco. Esta EPS, la más grande del país con participación pública, quedó en el centro del debate al estar bajo intervención mientras enfrentaba retos administrativos y financieros.
El nuevo superintendente, Giovanni Rubiano, evalúa reemplazar a los agentes interventores designados durante la administración de Leal, especialmente tras el escándalo de corrupción que marcó su salida. Entre los primeros cambios se encuentra el nombramiento de Bernardo Armando Camacho como interventor de Nueva EPS.
Los problemas no se limitan al incumplimiento de registros. También se evidencian deficiencias en el control interno de las EPS e IPS intervenidas. La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente en Bogotá, intervenida en abril, mostró pérdidas operativas de 36.000 millones de pesos, empeorando su situación económica.
El caso del Hospital Departamental María Inmaculada de Caquetá también resalta. El Tribunal Administrativo de Caquetá suspendió el nombramiento del agente interventor Rigoberto Osuna García tras una demanda de nulidad. Esto podría sentar precedentes legales para cuestionar otras intervenciones realizadas durante la gestión de Leal.
La falta de supervisión también afecta los procesos de contraloría, que son esenciales para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos. La gestión de firmas externas como Nexia y McGregor, responsables de supervisar las intervenciones, será clave para esclarecer los posibles casos de corrupción.
En Bogotá, el secretario de Salud, Gerson Bermont, alertó a la Superintendencia sobre los efectos negativos de la intervención en la Subred Centro Oriente, destacando un deterioro en los servicios y un riesgo para los contratos suscritos con otras EPS.
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