El Ministerio de Educación, bajo la dirección de Daniel Rojas, ha presentado un borrador de decreto que busca ajustar la jornada escolar y establecer nuevas directrices para la labor de los docentes en instituciones públicas, información conocida por la Revista Semana.
Este documento, publicado para recibir comentarios de la ciudadanía, introduce cambios significativos en la distribución del tiempo laboral y académico de los educadores.
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La propuesta modifica artículos del Decreto 1075 de 2015, que regula el sector educativo, y establece que las jornadas escolares se mantendrán en 25 horas semanales para educación básica primaria y en 30 horas para secundaria y media.
Esto equivale a un promedio anual de 1.000 y 1.200 horas, respectivamente. En el caso de la educación preescolar, se fija un mínimo de 20 horas semanales, con posibilidades de ampliación según las características de cada institución.
En cuanto a los docentes, el borrador especifica que cumplirán una jornada laboral diaria de 8 horas, de las cuales 6 estarán destinadas a actividades en el establecimiento educativo, incluyendo clases y tareas curriculares complementarias. Las 2 horas restantes podrán ser utilizadas en actividades autónomas. Además, se incorpora el descanso pedagógico dentro del tiempo asignado a las aulas.
“El tiempo total de la asignación académica semanal de cada docente de educación básica secundaria y media será de veintidós (22) horas efectivas de sesenta (60) minutos, incluido el descanso pedagógico”, detalla el borrador. La distribución de estas horas estará a cargo del rector o director de cada institución, quien deberá elaborar un plan de trabajo en conjunto con el cuerpo docente.
En las instituciones con dos jornadas escolares, las 6 horas continuas de los docentes se desarrollarán en la mañana o la tarde, según las necesidades específicas. “En ningún caso se prolongará el tiempo de permanencia en el establecimiento ni se afectará la asignación académica a cada docente”, puntualiza el documento.
Expertos consultados han señalado desafíos importantes para la implementación de estas medidas. Aseguran que la reducción del tiempo en las aulas podría impactar la cobertura educativa y que el déficit de personal y recursos en muchas instituciones podría limitar la viabilidad de estas disposiciones.
“La promesa de flexibilidad para ajustar las cargas laborales no resuelve las problemáticas estructurales derivadas de un déficit de personal o la coexistencia de jornadas múltiples en las instituciones”, afirmaron.
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El decreto no aborda explícitamente las fuentes de financiamiento necesarias para respaldar los cambios propuestos.
Esto genera dudas sobre si las instituciones educativas podrán contar con los recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad de estas medidas.
Aunque el objetivo es reducir la carga laboral de los docentes y fomentar la flexibilidad, la propuesta enfrenta críticas por no considerar las dificultades operativas y presupuestales que afectan al sistema educativo público. Los comentarios de la ciudadanía serán clave para evaluar el impacto real de estas modificaciones.
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