Ley de financiamiento que avanza en el Congreso afectará los impuestos de los colombianos: estas serian las consecuencias para empresas y ciudadanos

La Ley de Financiamiento en Colombia, presentada como el Proyecto de Ley 300 de 2024, busca abordar el déficit fiscal del país, que actualmente se sitúa en un -3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el déficit se ha visto agravado por una caída en el recaudo tributario, que a septiembre de 2024 mostró una disminución nominal del 8,2 % y real del 13,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esta situación ha generado un amplio debate sobre las implicaciones de la ley, especialmente en la declaración de renta de los contribuyentes.

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Ciro Meza, socio tributario de Baker McKenzie, explicó en Portafolio que la ley tiene como objetivo principal aumentar los recursos para cumplir con las metas de ejecución del Gobierno nacional.

La propuesta busca cerrar una brecha de 12 billones de pesos en el presupuesto, que surge de la diferencia entre los ingresos previstos de 511 billones y los gastos proyectados de 523 billones, según Catalina Jaramillo, socia de Impuestos de Brigard Urrutia.

La ley propone cambios en las tarifas de renta tanto para personas jurídicas como naturales. Para las empresas, se plantea una modificación en la tarifa general de renta, introduciendo tarifas progresivas marginales entre el 24% y el 35%.

Sin embargo, Jaramillo señala que, aunque se propone una reducción en la tarifa corporativa, se incrementa el porcentaje de la tasa efectiva de tributación y la tarifa de ganancias ocasionales, lo que podría no ser un incentivo claro para el sector empresarial.

En cuanto a las personas naturales, la ley eleva la tarifa máxima de renta del 39% al 41%, intensificando el impacto que ya experimentaron con la reforma tributaria de 2023. Este aumento en las tarifas busca contribuir al saneamiento fiscal, pero también ha generado preocupación entre los contribuyentes sobre el incremento de su carga tributaria.

Catalina Jaramillo expresó su preocupación por la propuesta de reforma fiscal que busca modificar el régimen tributario para las pequeñas y medianas empresas en el país. Según Jaramillo, la eliminación del régimen simple podría aumentar la informalidad, ya que este régimen no solo ofrece tarifas preferenciales, sino que también simplifica la administración, lo cual es crucial para las pymes. Esta reforma, que no amplía el número de contribuyentes obligados a declarar ni reduce los umbrales para determinar la responsabilidad económica, mantiene el impacto en el mismo grupo de contribuyentes.

Sumado a lo anterior, Meza de Backer Mckenzie ha señalado que la reforma incluye una medida para aliviar la carga fiscal de las empresas mediante una reducción progresiva del impuesto sobre la renta. Esta disminución sería de 1% anual, con el objetivo de alcanzar un 30% en 2029 para aquellas sociedades con una renta líquida gravable inferior a $5.647 millones de pesos. Sin embargo, esta reducción se ve contrarrestada por un aumento en la tasa de tributación depurada, también conocida como ‘tasa mínima’, que podría pasar del 15% al 20% para las sociedades nacionales si el proyecto es aprobado.

La propuesta de reforma ha generado un debate sobre su impacto en la formalidad empresarial y la carga fiscal de las empresas. Mientras que algunos expertos destacan la necesidad de ajustes en el régimen simple para evitar abusos, otros advierten sobre las posibles consecuencias negativas de su eliminación. La discusión se centra en cómo equilibrar la simplificación administrativa con la necesidad de mantener un sistema fiscal justo y eficiente.

La reforma también busca establecer un marco más claro para la responsabilidad económica de los contribuyentes, sin alterar significativamente el universo de quienes deben declarar. Este enfoque ha sido criticado por algunos sectores que consideran que no aborda adecuadamente las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, que son fundamentales para la economía del país.

En resumen, la reforma fiscal propuesta plantea cambios significativos en el régimen tributario, con implicaciones tanto para la formalidad empresarial como para la carga fiscal de las empresas. Las opiniones están divididas sobre si estas medidas lograrán el equilibrio deseado entre simplificación y justicia fiscal.