La SIC imputó cargos a nueve funcionarios de la Registraduría por intentar obstruir una investigación

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal contra nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por presuntamente no haber cumplido con los requerimientos establecidos durante una serie de visitas administrativas de inspección realizadas entre el 12 y el 22 de marzo de 2024.

El objetivo principal de estas visitas era recaudar información relacionada con el cumplimiento de la normativa en materia de protección a la libre competencia económica, en particular dentro del marco de la contratación estatal.

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En un comunicado emitido el viernes 8 de noviembre, la SIC precisó que, como parte de su labor, está autorizada a solicitar información a personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como privado, en diversos formatos como documentos, libros comerciales, correos electrónicos y acceso a equipos de cómputo y dispositivos móviles.

La investigación se centra en determinar si, en el transcurso de estas visitas administrativas, los nueve funcionarios investigados omitieron el deber de acatar debidamente las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia. Según la entidad, el incumplimiento de las solicitudes realizadas podría haber impedido o dificultado el normal desarrollo de la investigación, lo que afectaría el correcto ejercicio de las facultades de la SIC como autoridad encargada de la protección de la competencia en el país.

Entre las conductas que se investigan, la SIC señala que los funcionarios podrían haber desatendido los requerimientos de información, se habrían negado a entregar los datos almacenados en dispositivos electrónicos o no habrían asistido a las diligencias programadas.

“La entrega de la información requerida, así como la solicitud de declaración de algunos funcionarios de la Registraduría de acceso a los equipos electrónicos, es esencial para el desarrollo de las competencias de la entidad y para la adecuada protección de la libre competencia”, afirmó la Superintendencia en su comunicado. Además, recordó que durante la visita se explicó claramente a los responsables de la Registraduría el alcance de las facultades de la SIC, así como la obligación de reserva que les asiste.

Cabe destacar que, según explicó la SIC, estas visitas fueron solicitadas directamente por la Registraduría y estuvieron acompañadas por el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar que se cumpliera con todos los requisitos legales y proteger la confidencialidad de la información recolectada.

Sobre este caso, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia expresó su preocupación y advirtió sobre la necesidad de garantizar que las instituciones encargadas de los procesos electorales operen sin interferencias que puedan afectar la transparencia y confianza en los próximos comicios: “Es tremendamente grave lo que está pasando con la SIC y la Registraduría; es abusivo pero sobretodo muy peligroso por la proximidad de las elecciones. Todas las fuerzas democráticas deben rodear al Registrador (sic)”, escribió en X.

Posibles sanciones y consecuencias

La investigación realizada por la Superintendencia podría dar lugar a sanciones económicas de considerable magnitud. Según lo estipulado en la Ley 1340 de 2009, las personas naturales que infrinjan las normativas sobre protección de la competencia o que, de alguna manera, colaboren, autoricen, promuevan, impulsen, ejecuten o toleren tales conductas, podrían enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes por cada infracción.

El proceso de investigación continúa, y se espera que las autoridades competentes definan las sanciones correspondientes, de acuerdo con las pruebas que se recojan en los próximos días.

Este caso subraya la importancia de garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa relacionada con la libre competencia económica en los procesos de contratación estatal, así como la necesidad de que las entidades públicas cooperen plenamente con las autoridades encargadas de velar por la legalidad en estos procedimientos.