Colombia presentó una hoja de ruta urgente para frenar la violencia infantil

Durante la primera Conferencia Ministerial Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, que congregó a representantes de 193 países en Bogotá, Colombia presentó una hoja de ruta para abordar la problemática de la violencia infantil, un desafío que se agravó considerablemente en el año. Este documento, desarrollado a partir de aportes de más de 80 organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, entidades gubernamentales y especialistas en protección infantil, recoge una serie de estrategias concretas y colaborativas para proteger a la infancia.

Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, explicó que el diseño de estas estrategias implicó la realización de mesas técnicas durante seis meses, con un cierre en septiembre. Este proceso tuvo como fin identificar acciones de respuesta ante los graves desafíos en la protección de la niñez y la adolescencia en Colombia, particularmente en el ámbito digital.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Así mismo, Red PaPaz organizó y sistematizó un conjunto de recomendaciones orientadas a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno de internet, debido al incremento de la violencia sexual en plataformas digitales. Los datos recogidos por la entidad evidenciaron la magnitud del problema: durante 2024 se procesaron más de 180.000 imágenes relacionadas con explotación y abuso sexual de menores. “Estos datos nos obligaron a priorizar la lucha contra las formas de violencia más comunes que enfrentan niños y niñas”, señaló Piñeros, destacando el enfoque urgente que requiere la problemática en el país.

Las organizaciones involucradas en los diálogos y debates enfocaron sus esfuerzos en analizar las diversas formas de violencia que afectan a la niñez en Colombia, tales como la violencia física, psicológica, el reclutamiento forzado, la negligencia, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Tras identificar estos problemas prioritarios, Pamela Escobar, vicepresidenta de la Fundación Plan, indicó que se establecieron cuatro estrategias clave para enfrentarlos.

Una de las estrategias busca fortalecer tanto el núcleo familiar como las redes comunitarias, y su enfoque surgió de preocupantes datos obtenidos en las mesas de diálogo sobre conflicto y paz. Escobar señaló que, diariamente, 141 menores ingresan al sistema de protección de derechos en Colombia, cifra que, según el ICBF, muestra que un 66% de los casos responden a situaciones de violencia sexual, negligencia, condiciones de riesgo de los cuidadores y violencia física.

Ante esta situación, las organizaciones recomendaron que se diseñe e implemente, de aquí al 2030, una estrategia nacional para fortalecer el apoyo a familias en situación de riesgo, integrando programas y focalizando esfuerzos para prevenir la separación innecesaria de los menores de sus familias. “Nuestro objetivo es intervenir de manera directa con estas familias en riesgo y evitar que los niños deban ser separados de sus entornos familiares”, resaltó Escobar, quien enfatizó que el Estado debería liderar este esfuerzo.

Además, las organizaciones propusieron desarrollar una política pública específica que fomente una crianza sin violencia, dirigida a prevenir el castigo físico y los tratos degradantes hacia niños y adolescentes. Luz Alcira Granada, miembro del Comité Directivo de la Alianza por la Niñez y directora ejecutiva de Bethany, comentó que, aunque la Ley 2089 de 2021 prohíbe el castigo físico, “la idea es promover un cambio profundo en las actitudes y prácticas de crianza, incentivando métodos no violentos”. Los registros de 2023 reportan 6.369 casos de violencia intrafamiliar contra menores, lo que recalca la urgencia de medidas que modifiquen las prácticas de crianza y refuercen los derechos de los niños.

La tercera estrategia se centró en la protección integral de niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado y el crimen organizado. Según el informe anual de las Naciones Unidas, Colombia registró en 2023 un total de 262 casos de reclutamiento infantil, lo que representó un aumento del 49% respecto al año anterior. Para reducir el riesgo, especialmente en zonas rurales, las organizaciones recomendaron la creación de un fondo económico para 2026, destinado a fortalecer medidas de protección y rutas institucionales con enfoque diferencial y participación de los menores.

Finalmente, para combatir la violencia sexual, las organizaciones priorizaron la implementación de programas de educación sexual integral en diversos entornos, no solo en las escuelas, y el desarrollo de un plan de acción que abarque desde la prevención hasta la sanción de estos delitos. Este plan, previsto para 2025, contemplaría recursos específicos y efectivos para atender, prevenir y sancionar la explotación sexual, trata de personas, matrimonios forzados, abuso sexual, y la violencia sexual en entornos digitales.