Guardias del Inpec podrían pensionarse con 20 años de servicio sin importar la edad: esto dice el proyecto de ley

En un paso significativo para reconocer las duras condiciones de trabajo de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), en conjunto con 12 senadores de la Comisión Séptima del Senado, radicó un proyecto de ley que permitirá a estos funcionarios pensionarse con 20 años de servicio, sin que la edad sea un factor limitante.

Esta iniciativa busca ofrecer un marco normativo para regular las actividades de alto riesgo que desarrollan los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria en Colombia.

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El proyecto establece que aquellos guardias que cotizan en el sistema público de pensiones podrán acceder a su pensión especial de vejez tras cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, sin importar su edad. Además, se estipula que los funcionarios deberán haber cotizado un mínimo de 1.029 semanas, un requisito que asegura el reconocimiento de la ardua y peligrosa labor que desempeñan.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el establecimiento de un nuevo régimen para la liquidación de la pensión. Según la propuesta, la base de liquidación será el 75% del salario devengado durante el último año de servicio. Esta medida tiene como objetivo brindar una pensión justa para aquellos que, a pesar de las dificultades, cumplen con su labor durante varias décadas.

El apoyo político a esta propuesta es amplio. Además de los 12 senadores que han firmado el proyecto, la UTP también ha manifestado su respaldo a la iniciativa, destacando que las condiciones de trabajo en los centros penitenciarios del país representan un desafío constante para la salud y seguridad de los guardias. Según el sindicato, estos funcionarios enfrentan situaciones extremas que ponen en riesgo no solo su integridad física, sino también su bienestar psicológico.

Las dificultades en el trabajo de los guardias del Inpec son múltiples. El informe presentado por la UTP y los senadores que respaldan la iniciativa destaca varios trastornos de salud mental derivados de la exposición constante a situaciones de violencia, estrés postraumático, y agotamiento profesional. El Inpec ha identificado que los guardias sufren de trastornos de sueño debido a la vigilancia continua, lo que afecta su descanso y bienestar general. Además, la carga laboral es elevada, con extensas jornadas de trabajo y frecuentes interrupciones de vacaciones debido a las necesidades del servicio.

A estas dificultades se suman otras problemáticas que afectan la calidad de vida de los guardias, como el constante traslado entre diferentes centros penitenciarios, lo que genera disrupciones en el núcleo familiar, y la exposición a condiciones de hacinamiento e insalubridad dentro de las prisiones. Además, los funcionarios son regularmente víctimas de robos, motines, amenazas y otros peligros que ponen en riesgo su vida y la de sus compañeros.

El Grupo de Estadística e Información Penitenciaria también ha aportado datos que refuerzan la gravedad de la situación. Desde 2018, 28 funcionarios del Inpec han sido asesinados, de los cuales 27 pertenecían al cuerpo de custodia y vigilancia. Además, se han registrado 11 ataques sicariales que, afortunadamente, no dejaron víctimas fatales, pero evidencian el nivel de violencia al que están expuestos estos trabajadores. En los últimos tres años, se han reportado 836 amenazas directas contra los funcionarios, lo que refleja la constante inseguridad a la que están sometidos.

La propuesta ha sido bien recibida por las organizaciones sindicales y políticos que apoyan la iniciativa, y se espera que, una vez sea debatida y aprobada en el Congreso, marque un precedente en el reconocimiento de los derechos laborales de los funcionarios del Inpec, quienes desempeñan una labor fundamental para el funcionamiento del sistema penitenciario en Colombia.