Ya hay ponentes para la reforma tributaria, estos son los elegidos en el Congreso para liderar la discusión sobre el ajuste fiscal

Juan Pablo Gallo, senador del Partido Liberal y presidente de la Comisión Tercera del Senado, anunció los nombres de los senadores que actuarán como ponentes de la propuesta y quienes representan diversas fuerzas políticas. En la lista aparecen Miguel Uribe, senador del Centro Democrático; Efraín Cepeda, presidente del Senado y miembro del Partido Conservador; Antonio Zabaraín, de Cambio Radical; Juan Carlos Garcés, del Partido de la U; Jairo Castellanos, de En Marcha; Julio Estrada, del Pacto Histórico; y el propio Gallo, en su rol de presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La reforma, cuyo objetivo es realizar un nuevo ajuste al sistema fiscal del país, desató una intensa discusión, en parte debido a las dificultades para cuadrar las cuentas del Gobierno Petro. Gallo anunció que se organizarán cinco audiencias públicas en distintas ciudades para escuchar opiniones sobre el proyecto. Además, el congresista dejó clara su postura anticipada al afirmar que votaría en contra, insistiendo en que “los bolsillos de los colombianos no soportan un impuesto más”.

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La reforma tributaria se convirtió en el punto de mayor controversia en la agenda económica del país. El Gobierno busca recaudar $11,8 billones para alcanzar un presupuesto total de $523 billones. Sin embargo, el origen de esos recursos generó un mar de dudas, especialmente luego de las explicaciones oficiales sobre los mecanismos de financiamiento.

Entre las principales propuestas, el Ejecutivo plantea una reducción en la tarifa del impuesto de renta para las empresas, que pasaría del 3% al 33 % para grandes corporaciones. Aunque la idea de alivio tributario empresarial es bien recibida, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió que este ajuste sería insuficiente para atraer inversión significativa, dado el bajo impacto de la reducción propuesta.

La reforma también sugiere un cambio en varios impuestos, de los cuales se espera recaudar $4,8 billones. Estos fondos provendrían de medidas como el aumento del impuesto al carbono y la aplicación de un IVA del 19% a las apuestas en línea. Adicionalmente, otros $1,6 billones se obtendrían a través de mejoras en la administración tributaria, aunque los analistas consideran estas proyecciones poco confiables, dado lo incierto de estas “mejoras”. Además, se plantea adelantar la aplicación de la Regla Fiscal programada para 2026, lo cual añadiría $5,3 billones al presupuesto en 2025, abriendo un espacio para un mayor gasto público.

La polémica no termina ahí. La medida de elevar el impuesto al carbono tendría un impacto directo sobre los precios de los combustibles, incrementando el costo promedio de la gasolina de $15.881 a $16.306, y el del diésel de $9.711 a $10.199. Esto también afectaría el precio del gas y del combustible utilizado en la aviación, generando preocupación en diversos sectores por el posible encarecimiento de la cadena de transporte y el costo de vida en general.

Para los contribuyentes individuales, la reforma propone aumentar la retención en la fuente del 39% al 41 % para personas naturales con ingresos superiores a $9,02 millones mensuales. Asimismo, el impuesto de renta subiría de 39% a 41% para aquellos con ingresos mayores a $144 millones mensuales. En cuanto a las ganancias ocasionales, el tributo por premios de rifas o apuestas subiría de 20% a 25%, y el impuesto para la venta de activos fijos pasaría de 15% a 20%.

Estas medidas, orientadas a lograr una mayor recaudación y equilibrar las finanzas públicas, generaron un intenso debate sobre su viabilidad, así como sobre los efectos colaterales que podrían desencadenar en distintos sectores económicos. Las posibles consecuencias, tanto para las empresas como para los consumidores y la economía en general, suscitaron opiniones divididas, ya que algunos expertos advierten que un incremento en la carga impositiva podría afectar la competitividad de las compañías y la capacidad de consumo de los hogares en un contexto de desaceleración económica.