Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas, informó en una entrevista con El Espectador que el Gobierno colombiano solicitó oficialmente a Estados Unidos la devolución de bienes entregados por exparamilitares extraditados, para destinarlos a la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Esta petición, dirigida al embajador estadounidense, busca que los recursos incautados a exlíderes de las Autodefensas Unidas por Colombia (AUC) por narcotráfico en Estados Unidos se utilicen para indemnizar a las víctimas en Colombia.
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“Si fueron procesados y condenados por crímenes relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos y entregaron bienes y dinero allá, esos recursos deberían volver a Colombia para las víctimas”, explicó Solano.
La iniciativa ha sido respaldada por sectores humanistas y el Consejo Mundial de Iglesias, que apoyan el regreso de estos activos. Además, la Unidad de Víctimas, en colaboración con la Fiscalía General, trabaja para recuperar bienes perdidos que deberían haberse destinado a la reparación, incluyendo 380 propiedades mencionadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Sin embargo, Solano advirtió que el presupuesto actual es insuficiente para atender a las 10 millones de víctimas registradas, ya que se necesitan al menos 343 billones de pesos para cumplir con las indemnizaciones.
A pesar de los desafíos financieros, el Gobierno ha duplicado la meta de víctimas a reparar, aumentando de 300.000 a 600.000, y mantiene el compromiso de dignificar la vida de al menos 2 millones de víctimas. La respuesta de Estados Unidos es crucial, ya que podría representar un avance significativo en los esfuerzos por hacer justicia y reparar a las víctimas del conflicto.
Los bienes de Mancuso para las víctimas del conflicto
En medio de este proceso, otro tema relevante ha sido la denuncia sobre la pérdida de bienes que, según Salvatore Mancuso, fueron entregados a la Unidad de Víctimas para su venta y posterior distribución a los afectados.
Mancuso, exjefe paramilitar extraditado a Estados Unidos, afirmó que 380 propiedades que debían destinarse a la reparación se han extraviado, lo que ha generado preocupación y ha llevado a la Unidad de Víctimas a solicitar una investigación a la Fiscalía.
Durante una reunión con Lilia Solano y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, Mancuso expresó su disposición a esclarecer la desaparición de estos bienes, según Revista Alternativa.
El encuentro tuvo lugar para abordar la problemática de los bienes que, según Mancuso, deberían estar en posesión del Estado para ser utilizados en la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Mancuso señaló que, al comparar el listado de bienes que entregó con el que posee la Unidad para las Víctimas, se detecta una diferencia de entre 380 y 400 propiedades que no están registradas.
Solano confirmó al medio mencionado que el próximo 22 de octubre se reunirá con la fiscal Luz Adriana Camargo para abordar este tema y avanzar en la recuperación de los bienes perdidos.
La directora explicó que muchos de estos activos podrían haber quedado en manos de testaferros, por lo que solicitarán la extinción de dominio para garantizar que sean utilizados para compensar a las víctimas. “Es parte de la dignificación de las víctimas, y el país aún no ha alcanzado ese punto”, dijo Solano, recordando que el conflicto armado sigue generando víctimas a un ritmo alarmante.
La salud mental de las víctimas del conflicto armado en Colombia
Mientras se mantiene el diálogo para recuperar estas tierras, la salud mental de las víctimas del conflicto armado interno ha sido un tema de creciente preocupación, según destacó la concejala Ana Teresa Bernal del Pacto Histórico durante el Foro de Salud Mental.
Bernal subrayó la falta de un diagnóstico real sobre el estado de salud mental de las 377.830 víctimas que residen en la ciudad, lo que impide una intervención adecuada y efectiva.
La concejala enfatizó que los métodos actuales de intervención son insuficientes, ya que se basan en la demanda y no permiten una comprensión profunda de las condiciones de las víctimas.
En su intervención, Bernal mencionó que en proyectos de vivienda como Plaza de la Hoja y Villa Karen, donde se concentran familias desplazadas, no se ha realizado un análisis sistemático para evaluar el daño psicosocial.
Bernal también hizo referencia a estudios de Charry Lozano que identifican graves efectos psicológicos en las víctimas, como el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, y problemas de consumo de alcohol, entre otros. Estos efectos no solo afectan a las víctimas directamente, sino que también tienen repercusiones que se extienden a las generaciones futuras.
En los asentamientos ilegales, donde muchas de estas víctimas han encontrado refugio, se enfrentan a situaciones de violencia de género, racismo, reclutamiento forzado, y violencia intrafamiliar.
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