Secretaria general de la Unidad de Restitución de Tierras denunció que fue víctima de agresión: qué se sabe

Jaqueline Campos Rincón, secretaria general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y directora encargada de la territorial en Córdoba y Bajo Cauca antioqueño, denunció que fue abordada agresivamente por dos individuos al salir de un supermercado Carulla en Bogotá.

Este incidente, que tuvo lugar el viernes 11 de octubre, ha despertado preocupación no solo por la seguridad de Campos, sino también por el clima de hostilidad que enfrentan muchos líderes sociales y funcionarios en Colombia.

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La funcionaria fue confrontada violentamente por los agresores, quienes la cuestionaron sobre la salida de su predecesora, Ana Cristina Muñoz, grabando la escena con sus teléfonos móviles. “Acabo de ser abordada, de manera agresiva y abusiva, por dos personas a la salida de Carrulla de la calle 63 # 7-09. Me reclamaron violentamente por salida de la directora territorial de Córdoba de la Unidad de Restitución de Tierras, Ana Cristina Muñoz; estaban grabando en sus celulares”, escribió Campos en su cuenta de X.

Por lo anterior, anunció que denunciará ante la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección los hechos sucedidos: “Vociferan insultos y acusaciones graves que ponen en riesgo mi vida. Interpondré las denuncias”.

Este suceso está íntimamente relacionado con la controvertida salida de Ana Cristina Muñoz, que fue declarada insubsistente el 6 de septiembre, y que posteriormente denunció ser víctima de una campaña de desprestigio orquestada por intereses políticos en el departamento. “No hubo una solicitud de renuncia previa. No conozco las razones”, aseguró la exfuncionaria, quien fue destituida abruptamente a solo seis días de cumplir un año en el cargo.

Muñoz ha vinculado su destitución a una serie de ataques mediáticos iniciados meses atrás, centrados en acusaciones infundadas sobre la falsificación de una certificación de experiencia otorgada por la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (Onic). Sin embargo, sostiene que estas alegaciones han sido desmentidas mediante procesos legales, incluida una acción de tutela que ratificó la validez de la certificación.

“Estamos haciendo un buen trabajo en el territorio con el campesinado cordobés, reivindicando sus derechos y movilizando procesos de restitución. Eso no le gusta a nuestros políticos de este departamento”, declaró Muñoz, sugiriendo que su firme compromiso con la transparencia y su postura anticorrupción podrían haber influido en su remoción.

La reacción de la URT ante el acoso sufrido por Campos fue rápida y contundente. A través de su cuenta en X, la Unidad de Restitución de Tierras condenó enérgicamente el ataque: “Hacemos un llamado a las autoridades para que tome las medidas en contra de quienes la abordaron”.

Este episodio resalta el contexto de violencia que afecta a líderes sociales y funcionarios en Colombia, un país que ha visto un aumento en las amenazas y agresiones contra aquellos que defienden derechos humanos y trabajan en la restitución de tierras. Según informes de organizaciones de derechos humanos, muchos de estos líderes enfrentan situaciones de riesgo, lo que dificulta su labor y pone en peligro sus vidas.

La situación preocupa aún más, si se tiene en cuenta que, según la Procuraduría General de la Nación, entre 2016 y agosto de 2024, se han registrado un total de 1.420 asesinatos de líderes sociales en Colombia. Esto equivale a una muerte cada 48 horas, lo que subraya la gravedad del problema y la insuficiente atención para detener esta alarmante escalada de violencia.

Es relevante señalar que esta problemática se concentra principalmente en las zonas rurales del país, donde la lucha por el control territorial, el narcotráfico y la explotación ilegal de recursos han desencadenado una crisis que impacta de manera severa a las poblaciones más vulnerables.

Los departamentos de Cauca, Chocó, Norte de Santander, Arauca y Antioquia son algunas de las regiones donde la violencia ha alcanzado niveles críticos. En estos lugares, los líderes sociales enfrentan un peligro inminente mientras realizan su labor de defensa de derechos humanos.