Jueza de Medellín contradijo a la ministra de Justicia que la responsabilizó de la fuga de ‘Pichi’: ”Era tarea del Juzgado de Bucaramanga”

En medio de la polémica por la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, la Jueza Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, Mónica Patricia Londoño, respondió categóricamente a las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

La ministra había señalado que, pese a las seis alertas emitidas por el Inpec sobre el riesgo de fuga, el juzgado no actuó a tiempo para revocar la medida de prisión domiciliaria.

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En su respuesta, la juez aclaró que “no fue este despacho quien concedió la prisión domiciliaria al sentenciado”, señalando que esta decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga en una sentencia del 23 de abril de 2020.

La juez explicó que su despacho únicamente asumió la “vigilancia de la pena impuesta” después de que alias Pichi fuera absuelto en otro proceso.

Además, enfatizó que la instalación de un brazalete electrónico fue una medida adicional tomada para garantizar el cumplimiento de la sentencia, señalando que “solo hasta que ello ocurrió, se autorizó el traslado al domicilio dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia”.

En cuanto a las transgresiones a la prisión domiciliaria, la juez subrayó que el proceso no permite una revocatoria inmediata del beneficio, ya que se debe seguir el trámite legal adecuado.

“La ley consagra el trámite incidental en el que, luego de que la persona condenada y su defensor alleguen las explicaciones correspondientes, se procede a emitir decisión de fondo”.

La jueza hizo énfasis en la necesidad de cumplir con los principios de debido proceso y defensa, afirmando que “obviar lo anterior constituiría una violación al debido proceso y derecho de defensa”. Finalmente, aclaró que el 8 de octubre de 2024, tras seguir el trámite legal, se revocó la prisión domiciliaria de Óscar Camargo Ríos.

Las declaraciones que hicieron a la jueza responder

Angela María Buitrago, ministra de Justicia de Colombia, ha tomado cartas en el asunto tras la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi.

La ministra se desplazó a Medellín para liderar la investigación sobre la evasión de este peligroso criminal, que ocurrió el jueves 10 de octubre. En una entrevista con Blu Radio, Buitrago explicó que el Inpec no puede actuar sin una orden judicial, la cual llegó demasiado tarde, después de la fuga.

La ministra subrayó que, normalmente, ante tales alertas, se revoca la detención domiciliaria y se ordena el traslado del detenido a una prisión. Sin embargo, en este caso, la orden judicial llegó a las 8:05 de la mañana del día siguiente a la fuga.

El caso ha generado críticas sobre la gestión de las medidas de seguridad para ‘Pichi’, quien ya tenía antecedentes que justificaban una vigilancia más estricta.

La ministra también mencionó que el magistrado Alfonso Cajiao, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ha ordenado investigar a los funcionarios y jueces que decidieron otorgarle la detención domiciliaria.

Buitrago destacó la importancia de los brazaletes electrónicos como herramienta de monitoreo para personas en detención domiciliaria, aunque expresó su preocupación por la capacidad de algunos individuos para inactivarlos o dañarlos.

El alcalde de Medellín se refirió a la fuga de Pichi

Gutiérrez cuestionó la decisión judicial que permitió que un criminal de alto perfil como Camargo Ríos cumpliera su pena en Medellín, a pesar de sus antecedentes y fugas previas.

El alcalde expresó su frustración al ver cómo “Pichi”, apodado el “Pablo Escobar de Bucaramanga”, se burla de la justicia y de la sociedad al escapar de su arresto domiciliario.

Gutiérrez criticó duramente el sistema judicial por otorgar beneficios y privilegios a delincuentes peligrosos, mientras las autoridades locales y la fuerza pública trabajan arduamente para capturarlos.

Gutiérrez también cuestionó la demora en revocar la medida de detención domiciliaria, a pesar de las múltiples violaciones cometidas por Camargo Ríos y las solicitudes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que se tomaran medidas más estrictas.

Además, el alcalde criticó la falta de medidas de seguridad adecuadas para prevenir una nueva fuga, considerando la peligrosidad del criminal.

El alcalde se preguntó si existían nexos desconocidos que pudieran estar beneficiando al narcotraficante y si el sistema judicial estaba premiando a los criminales en lugar de proteger a la ciudadanía. Según Gutiérrez, mientras las garantías sigan favoreciendo a los peores criminales, el país no experimentará un cambio significativo.