Sigue la emergencia en los cementerios distritales de Bogotá: Personería aseguró que podrían colapsar

Bogotá enfrenta una situación crítica en sus cementerios distritales, debido a la alta demanda de servicios funerarios y la ocupación casi total de sus bóvedas.

Según un documento enviado por la Personería de Bogotá a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), se requiere la implementación de medidas urgentes para evitar un nuevo cierre de estos espacios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En octubre del 2024, el concesionario de los cementerios decidió cesar sus actividades tras recibir una sanción por incumplimiento contractual. La Personería ha destacado que, durante agosto, se realizaron 727 cremaciones, 421 exhumaciones y 508 inhumaciones en los cementerios distritales.

Esta alta demanda ha llevado a que la ocupación en el Cementerio Central alcance el 81%; en el del Norte, el 80%; en el del Sur, el 85%; y en el Parque Serafín, también el 81%. Las bóvedas para adultos y adultos NN (personas no identificadas) están cerca de su capacidad máxima, mientras que las destinadas a párvulos NN ya están completamente ocupadas.

El ente de control subraya la importancia de las tarifas ofrecidas por el Distrito, que son más económicas que las de los cementerios privados. Esto convierte a los servicios funerarios distritales en una opción accesible para familias que no son consideradas vulnerables, pero que carecen de seguros funerarios.

No es la primera vez que los cementerios están en riesgo de cerrar

El concesionario Jardines de Luz y Paz, responsable de administrar los cuatro cementerios de Bogotá, cerró temporalmente estos espacios a finales de septiembre de 2024, como resultado de un conflicto legal con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

La Uaesp emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente la decisión del concesionario de cerrar los cementerios sin previo aviso, calificando el acto de arbitrario. La entidad declaró una situación de emergencia para restablecer el funcionamiento normal de estos espacios funerarios en la capital colombiana.

Desde que Jardines de Luz y Paz asumió el contrato, ha habido múltiples desacuerdos con la Uaesp, lo que ha llevado a la imposición de sanciones en cinco ocasiones. Estas sanciones han resultado en la inhabilitación del concesionario, lo que ha desencadenado el cierre actual de los cementerios.

Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, ha señalado que están a la espera de que la Uaesp realice los procedimientos necesarios para que la administración de los cementerios sea transferida. Además, Parada recordó que el concesionario tiene bajo su custodia más de 25 mil cuerpos, lo que añade una capa de complejidad a la situación.

Este conflicto no es nuevo, ya que Jardines de Luz y Paz ha solicitado anteriormente la terminación del contrato debido a las tensiones persistentes con la Uaesp.

Desde cuando existe el rifirrafe entre la Uaesp y el concesionario

Estos cierres que se dieron en septiembre coinciden con el final de un proceso sancionatorio que podría inhabilitar al concesionario. El conflicto se remonta a 2021, durante la administración de la entonces alcaldesa Claudia López, según el medio Las 2 Orillas.

Desde ese año, la interventoría del contrato 415 de 2021 ha presentado más de 86 quejas ante la Uaesp, señalando presuntas irregularidades del consorcio Jardines de Luz y Paz en aspectos financieros, jurídicos, ambientales, sanitarios y de seguridad laboral.

En 2022, una auditoría de la Contraloría de Bogotá reveló incumplimientos reiterados en la entrega de información financiera y contable confiable por parte del concesionario.

El 2 de febrero de 2023, la Uaesp impuso una multa de aproximadamente $2.300 millones al concesionario por incumplimientos en la prestación de servicios funerarios. Aunque Jardines de Luz y Paz presentó recursos de reposición y nulidad, la sanción fue ratificada y el concesionario tuvo que pagar al Distrito.

Eder Parada presentó una demanda ante la Fiscalía General de la Nación contra la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez. El representante del concesionario acusó a Ordóñez de haberle solicitado una suma de $5.000 millones a cambio de una prórroga de tres meses en el contrato de los cementerios, lo que él califica como un acto de constreñimiento ilegal.

El deterioro de los cementerios ha generado la necesidad de una inversión de $50 mil millones para su recuperación. Ante el aviso de la Personería de Bogotá sobre la ocupación de los cementerios, se ha previsto un plan de contingencia para evitar una crisis sanitaria en la ciudad, que podría agravarse durante los próximos meses.