Concejal presentará demanda para defender el libre mercado de licores en Bogotá

Bogotá se encuentra en una encrucijada en su lucha por la autonomía territorial y el control de sus recursos, según declaraciones del cabildante Juan David Quintero, de la coalición Nuevo Liberalismo – En Marcha.

Quintero anunció su intención de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 16 de la Ley 1816 de 2016, que limita a la capital a recibir solo el 10,5% del impuesto al consumo de licores destilados, vinos y aperitivos, mientras que el resto se destina a Cundinamarca.

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El debate se centra en el artículo 28 de la misma ley, que otorga una protección especial al aguardiente, y que ha sido objeto de demandas de inconstitucionalidad. Aunque las demandas no abordan directamente el artículo 16, Quintero consideró que es crucial para la autonomía económica de Bogotá. Según él, la ciudad debe poder gestionar sus recursos de manera más eficiente y autónoma, asegurando que los ingresos se destinen a sectores esenciales como la salud y el deporte.

Durante una audiencia pública, llevada a cabo el 7 de octubre por la Sala Plena de la Corte Constitucional, se discutieron los argumentos de diversos intervinientes y expertos sobre la constitucionalidad del artículo 28.

Sin embargo, Quintero subrayó que la discusión también debería incluir el impacto del monopolio rentístico que Cundinamarca ejerce sobre el mercado de licores en Bogotá, bloqueando la entrada de otros aguardientes que no sean los de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

El concejal expresó su preocupación por el actual panorama del monopolio rentístico de licores destilados en Bogotá, especialmente en lo que respecta al aguardiente. “Es indispensable que Bogotá recupere su autonomía territorial y obtenga un mayor recaudo de las rentas que genera por el consumo de licores destilados”, afirmó Quintero, que considera que esto es un paso hacia la libre comercialización de licores en la capital.

Según datos de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en 2023 se recaudaron más de 287.000 millones de pesos por el monopolio rentístico de licores destilados en Bogotá y Cundinamarca. De este monto, el departamento recibió más de 256.000 millones, mientras que la capital solo obtuvo poco más de 30.000 millones, a pesar de que el mercado de la capital no es menor al del departamento vecino.

Quintero enfatizó que Bogotá, como Distrito Capital de todos los colombianos, no debería estar sujeta a un monopolio rentístico especial vinculado a Cundinamarca, en el cual no puede ejercer control sobre la Empresa de Licores de Cundinamarca debido a que no forma parte de su junta directiva. “No me puedo quedar quieto viendo a la ciudad perder plata y escuchando a empresarios decir que no pueden producir en Bogotá o que les toca hacer maromas para vender sus productos acá”, concluyó el concejal.

Es importante recordar que, no es la primera vez en el año que el cabildante tomó la vocería para respetar la autonomía de la libre comercialización de licores en la capital. El 21 de junio manifestó su preocupación por el panorama del monopolio rentístico de licores destilados y en especial del aguardiente que se consumen en Bogotá.

En esa oportunidad, Quintero destacó que el monopolio fue diseñado para que los departamentos pudieran proteger sus industrias licoreras y así tener recursos para la salud, la educación y el deporte. Sin embargo, resaltó que Bogotá le entrega a Cundinamarca gran parte de los recursos que genera por el monopolio rentístico y que solo recibe el 10,5% de la participación que se causa por la venta de licores destilados en la ciudad y Cundinamarca.

El cabildante también señaló que esa figura no se le aplica al ron, y que “Bogotá ni siquiera cuenta con un miembro en la Junta Directiva de la Empresa de Licores de Cundinamarca para participar en las decisiones sobre qué se vende y qué no en el mercado de la ciudad”.

Asimismo sumó: “No puede pasar lo de hace un año cuando la Empresa de Licores de Cundinamarca, a la cual no le está yendo bien, prohibió y vetó otros productos, como el Aguardiente Amarillo, para evitar la libre competencia que está consagrada en la Constitución”.