Las autoridades de Bello, municipio ubicado en el norte del Valle de Aburrá, buscan identificar a los responsables de asesinar a un presunto ladrón en las calles de esta población.
El incidente violento se registró en el barrio Obrero, donde una turba enfurecida se fue contra un hombre señalado de ladrón por una persona.
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El hombre señalado de intentar cometer un hurto en Bello fue linchado. Según los reportes que se conocieron inicialmente, ante el grito que alertaba era un ladrón, varios ciudadanos lo cercaron y golpearon hasta dejarlo prácticamente agonizando.
Los hechos se registraron el 26 de septiembre, en vía pública y a la luz del día. De acuerdo con las autoridades, el hombre sufrió graves lesiones en todo el cuerpo y numerosos huesos se fracturaron. Ante la situación, unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá intervinieron.
El hombre, agonizando, fue trasladado al Hospital Marco Fidel Suárez, de Bello. Sin embargo, ante la gravedad de las lesiones que sufrió, tuvo que ser trasladado al Hospital San Vicente Fundación, en Medellín.
Durante seis días el joven, identificado como Jhon Fredy Castañeda Correa, de 20 años, estuvo luchando por su vida, pero finalmente falleció el 3 de octubre de 2024.
Este trágico suceso ha generado conmoción en la comunidad y plantea interrogantes sobre la justicia por mano propia y la respuesta de las autoridades ante situaciones de violencia colectiva. Las autoridades locales continúan investigando el caso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Las autoridades buscan a los agresores
En varias oportunidades las autoridades locales y también las del orden nacional han insistido en la importancia de no tomar la justicia por mano propia, pues en casos como este, eso podría incluso derivar en castigos como la cárcel.
Pese a los múltiples llamados a acudir a la Policía, muchos ciudadanos continúan actuando cegados por las emociones. Al parecer, este fue el caso de la turba en Bello.
Ante el complejo panorama, en el que un joven señalado de ladrón fue asesinado, las autoridades locales aseguraron que se adelantan las investigaciones para ubicar a los responsables.
En medio de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, los investigadores a cargo revisan el material captado por cámaras de seguridad del sector para identificar e individualizar a quienes participaron del linchamiento. Esas personas serán vinculadas a un proceso judicial por el delito de homicidio, de acuerdo con lo revelado por el diario local El Colombiano.
Según cifras de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en lo corrido del año solo en Bello se han reportado 27 homicidios, lo que equivale a una reducción en este delito del 30,8%, respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaban 39 casos de muertes violentas.
Las consecuencias de tomar justicia por mano propia
La Ley 23 de 1991 establece que el ejercicio arbitrario de las propias razones, es decir, tomar justicia por mano propia, puede acarrear sanciones legales en Colombia.
Según esta normativa, quienes actúen de esta manera podrían enfrentar multas de hasta un Salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv).
De acuerdo con la mencionada Ley, en su artículo primero, se asigna a los inspectores penales de Policía o a los inspectores de Policía, donde aquellos no existan, y en su defecto, a los alcaldes; el conocimiento en primera instancia de las contravenciones especiales, tal como es el caso de justicia por mano propia
“Ejercicio arbitrario de las propias razones. El que, en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por sí mismo, incurrirá en multa hasta de un salario mínimo mensual legal”, dice la norma.
Este fenómeno ha cobrado relevancia en el país debido al aumento de la inseguridad en diversas regiones, lo que ha llevado a algunos ciudadanos a intentar resolver delitos por su cuenta.
La Policía Nacional es quien tiene la responsabilidad de proteger la integridad de cualquier persona acusada de un delito, incluso si es sorprendida en flagrancia. La ley permite que los ciudadanos retengan a un presunto delincuente, pero prohíbe causarles daño, lo que podría resultar en sanciones adicionales dependiendo de la gravedad de las lesiones infligidas.
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