Investigación periodística reveló que bienes entregados por Salvatore Mancuso no fueron robados en los gobiernos de Uribe

Una reciente investigación realizada por el medio Corrillos desmintió las afirmaciones del ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso sobre la supuesta desaparición de 400 bienes destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado. El ex jefe paramilitar, durante un encuentro con Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas (Uariv), y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), denunció que los bienes que había entregado “no están completos en los listados oficiales”. Esta denuncia se convirtió rápidamente en un punto de debate y fue aprovechada por diferentes actores políticos, generando especulaciones sobre los gobiernos anteriores, particularmente los de Álvaro Uribe Vélez.

El contexto detrás de esta controversia apunta a que las declaraciones de Mancuso, secundadas por funcionarios del actual Gobierno de Gustavo Petro, fueron utilizadas como un argumento para cuestionar la transparencia y las acciones de gobiernos pasados en el manejo de bienes entregados para la reparación de víctimas.

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Sin embargo, las conclusiones de Corrillos mostraron que esta narrativa es engañosa, ya que la mayoría de los bienes mencionados fueron gestionados antes de la creación del Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) y la Ley de Víctimas, promulgada en 2011. Es decir, muchos de estos bienes ya habían sido restituidos o administrados de otras maneras previas a la legislación vigente.

De acuerdo con la investigación de la fuente citada, que recopiló información de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y del portal Verdad Abierta, los bienes vinculados a Mancuso se clasifican en cuatro categorías: aquellos que fueron restituidos antes de la promulgación de la Ley de Víctimas, los que aún están en proceso judicial en juzgados de restitución, los que son administrados por el FRV, y aquellos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación.

Además, la Fiscalía indicó que no se tiene certeza sobre la existencia o ubicación de al menos 100 bienes registrados en los inventarios de Mancuso, lo que desvirtúa las afirmaciones de que estos bienes fueron “robados” durante los gobiernos de Uribe. Esta afirmación resultó clave para desmontar la insinuación de que hubo una gestión irregular o corrupción sistemática en torno a estos bienes durante ese periodo.

Esta situación sacó a la luz una posible intención política detrás de la declaración del excomandante paramilitar y la actitud de los funcionarios que lo acompañaron. La presentación de la denuncia en un evento oficial, sin una verificación rigurosa de los hechos, indicó que el discurso de Mancuso pudo ser instrumentalizado por algunos sectores para proyectar una imagen negativa de los gobiernos anteriores y para enmarcar la narrativa del actual Gobierno de Petro en torno a su política de Paz Total.

En este sentido, el uso de esta denuncia para validar discursos políticos y cuestionar a gobiernos pasados sin pruebas verificadas parece reflejar una estrategia comunicativa que busca favorecer intereses específicos, más que un genuino interés por esclarecer la verdad de los hechos y garantizar la reparación efectiva a las víctimas.

Lilia Solano, directora de Uariv, habló en un video publicado en la cuenta de X de la Unidad para las Víctimas sobre las dudas sobre la inclusión de los inmuebles mencionados en los ‘inventarios’ de la entidad a su cargo, lo cual reforzó un discurso que pronto se demostraría como incorrecto.

“Hoy hemos podido hablar también desde lo humano, pero lo fundamental es la reparación a las víctimas y del compromiso que tiene hoy Mancuso para encontrar los bienes para reparar a las víctimas, que entregó y no están completos en nuestro listado”, mencionó Solano.

Sin embargo, estas declaraciones se fueron debilitadas frente a la información concreta y documentada que contradice lo dicho por Salvatore Mancuso.

La relevancia del episodio radica en la responsabilidad del Estado de garantizar procesos transparentes y efectivos para la reparación de las víctimas del conflicto armado, lo cual implica tanto la debida administración de los bienes entregados por excombatientes como el escrutinio riguroso de las denuncias y declaraciones que se hagan en este contexto.

Además, de acuerdo con el análisis de la nota periodística, este caso resalta la necesidad de fortalecer la verificación de información por parte de las autoridades, especialmente cuando está en juego la credibilidad de procesos tan delicados como la reparación de víctimas del conflicto armado.

“Este episodio deja al descubierto una vez más la poca voluntad del gobierno por verificar la información aportada por quienes como Mancuso buscan, además de reivindicar su pasado, conseguir beneficios de índole judicial”, señaló Corrillos