Juan Manuel Santos pidió a la Corte Constitucional limitar las funciones de la JEP: “Debe dejar esa actitud maximalista”

Durante el XIX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional organizado por la Corte Constitucional en Manizales, el expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a los magistrados para que resuelvan cuanto antes una demanda contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El objetivo de su intervención fue pedir que la Corte establezca parámetros claros que limiten la expansión de las funciones de la JEP, más allá de los máximos responsables del conflicto armado en Colombia.

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El expresidente solicitó que se estudie una demanda interpuesta por el exministro de Justicia, Yesid Reyes, en contra de la sentencia interpretativa número 5 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Esta sentencia ha permitido que el tribunal de paz amplíe su trabajo a otros actores del conflicto, más allá de los máximos responsables. Según Santos, esto pone en riesgo la capacidad de la JEP de cumplir con su mandato en los plazos establecidos.

“Yo les rogaría que asumieran esa demanda lo más pronto posible, porque la JEP, que fue creada por el acuerdo de paz, necesita que le den instrucciones para que no continúe con una actitud maximalista. Si continúa con esa actitud, la JEP no va a cumplir con los términos, va a terminar su periodo sin haber resuelto el tema de la justicia”, afirmó el expresidente durante su intervención.

El expresidente subrayó que la JEP debe enfocarse en los máximos responsables del conflicto armado, como lo estableció el Acuerdo Final de Paz de 2016. “Se necesita que la Corte le establezca a la JEP unos parámetros para que sea más eficiente y se concentre, como fue el espíritu del acuerdo, en los máximos responsables y no en todos los responsables”, insistió.

La demanda presentada por el exministro Yesid Reyes busca que la Corte Constitucional revise la sentencia de la JEP que, en opinión de Santos y Reyes, expande injustificadamente el ámbito de acción de la jurisdicción. Dicha sentencia, conocida como SENIT 5, ha permitido que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP revise casos de personas que no están clasificadas como máximos responsables del conflicto, lo que podría desviar la atención de los casos prioritarios.

El llamado de Santos se produjo en un contexto de tensión entre la Corte Constitucional y el Gobierno de Gustavo Petro. Recientemente, el comisionado para la paz, Otty Patiño, sugirió que la JEP podría tener “los días contados” al afirmar que las justicias transicionales, como la JEP, deben ser temporales y no perpetuas.

“A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas, y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de quienes acudieron a esa justicia transicional”, señaló Patiño en una entrevista con El Espectador.

Estas declaraciones provocaron una respuesta del presidente de la JEP, Roberto Vidal, que expresó su preocupación por las declaraciones de un posible cierre prematuro de la jurisdicción, argumentando que esta aún tiene una función crucial que cumplir, sobre todo para garantizar que los exintegrantes de las Farc y miembros de la fuerza pública que se sometieron a esta justicia transicional puedan concluir sus procesos judiciales.

Además, alertó sobre la posible reacción de la Corte Penal Internacional (CPI) si Colombia no cumple con sus responsabilidades en esta materia.

“La CPI podría considerar el cierre prematuro de la JEP como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dijo el magistrado Vidal.

La JEP y su impacto en la justicia transicional en Colombia

La JEP, creada como parte del Acuerdo de Paz de 2016, tiene la misión de juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia. En la actualidad, la JEP tiene abiertos 11 casos que involucran a casi 10,000 exmiembros de las Farc, más de 4,000 miembros de la Fuerza Pública y 184 terceros civiles. Estos casos abarcan graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, el secuestro y crímenes de género.

Hasta el momento, solo se han emitido condenas en dos casos relacionados con la toma de rehenes por parte de las Farc y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública.