A pesar del gran fracaso que significó llevar agua potable a La Guajira, a través de carrotanques que se adquirieron bajo presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, al menos logró proveer del servicio a 4.000 personas del departamento que habitan en las comunidades que carecen de ese servicio.
No obstante, el beneficio a estos ciudadanos, en su mayoría de las comunidades indígenas, se dio con el apoyo de la empresa privada, para este caso desde el Grupo Aval, el conglomerado empresarial colombiano que fundó el hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo.
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Se trata de la iniciativa Misión La Guajira que no solo provee el líquido, sino también de otros servicios públicos como electricidad e internet, en un trabajo mancomunado en el que también participan el grupo de medios Prisa y Promigas.
Para esta labor se focalizaron en la ayuda a 81 comunidades que se ubican en los municipios de Manaure y Uribia en el extremo norte del territorio continental colombiano, donde se han conocido de terribles hechos como decesos de menores de edad por cuenta de la ausencia de agua potable.
De esta manera son 10 las comunidades ya cuentan con agua potable en sus territorios y están en proyecto la implementación de otras 34 plantas potabilizadoras. Además, con las generadoras solares de electricidad aspiran que en diciembre 81 comunidades cuenten con el servicio.
En la iniciativa también ha estado al frente, por parte del Gobierno Nacional, Laura Sarabia, Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
“Misión La Guajira ha traído vida a sus comunidades y ellos nos enseñaron a trabajar en equipo (...) nos cambió la vida (sic)”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.
Carrotanques se están pudriendo
Entre tanto, la semana pasada se conocieron las imágenes de los carrotanques que adquirieron, con una serie de irregularidades, en la Ungrd, hecho que permitió, además, develar un entramado de corrupción en el organismo de emergencias donde presuntamente se habría desviado dinero de sus recursos para sobornar a congresistas para que viabilizaran en el Legislativo las reformas sociales del presidente Petro.
Los automotores se encuentran en dos bases militares en el municipio de Uribia y en Riohacha, donde ya se evidencian que tienen graves daños como llantas pinchadas, vidrios rotos, mientras sufren los estragos de estar expuestos al sol y por la maleza que les crece.
A los vehículos les pusieron bolsas en las puertas, en un patético intento de evitar que sufran más daños al estar quietos en las sedes militares en la que se encuentran.
“Esos vehículos no pueden convertirse en un símbolo de la corrupción, y menos en un resguardo indígena. El Gobierno nacional debe acelerar este proceso de judicialización e identificación para que los responsables de este acto de corrupción paguen por los hechos que se están presentando en este departamento”, exigió José Silva, un líder de la comunidad wayúu, la más afectada por la ausencia de agua potable en la región.
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