La Secretaría de Movilidad de Cali lanzó la Brigada Virtus, un grupo de agentes de tránsito que cuenta con una nueva herramienta tecnológica de élite para cumplir con la misión y el compromiso de hacer más transparente los procedimientos de controles viales y de blindar al ciudadano y a la entidad. Es así que con cámaras corporales podrán tener una evidencia de los procedimientos que se desarrollen.
De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el subsecretario de Movilidad, Gustavo Alberto Orozco, los agentes de tránsito de la brigada participarán de manera regular en actividades de polígrafo y entrevistas exhaustivas para asegurar la verificación de los procedimientos en los que brindan apoyo.
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En este caso, Virtus es parte de la actualización en los procedimientos viales y la aplicación de tecnología avanzada en capitales de diferentes partes del mundo, con el fin de verificar los procedimientos en pro de la ciudadanía y la entidad de control.
“Caleños, estamos recuperando a Cali y para eso tenemos que recuperar el orden en nuestras vidas. Estamos fortaleciendo el cuerpo de guardas de tránsito. Ya aumentamos en 122 este año y el año entrante serán 250 guardas más”, señaló el mandatario de la ciudad en medio del evento en el que se presentó en nuevo dispositivo de las autoridades de movilidad.
Objetivo: 900 guardas
En la actualidad, hay 720 agentes de tránsito en toda Cali, y, según la subsecretaría de Movilidad de la ciudad, se buscará llegar a los 900 guardas.
El cuerpo de agentes Virtus facilitará los procesos en temas de reclamación, investigaciones y contrapartes, ya que por medio de videos quedará toda la evidencia. El propósito es que todos los más de 720 agentes de tránsito, incluida la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra), puedan contar con el apoyo de estas cámaras, afirmó el subsecretario de Movilidad de la capital vallecaucana, Gustavo Alberto Orozco.
Según Diego Lozada, coordinador del Grupo de Regulación en la Secretaría de Movilidad, este nuevo programa le dará transparencia y legalidad a todos los procedimientos que realice el cuerpo de agentes de tránsito. “Por eso vamos a estar acompañando los operativos en las vías para que se hagan en el marco de la ley”, puntualizó en un comunicado de la Alcaldía de Cali.
Cabe resaltar que, durante el evento de lanzamiento de la brigada, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Nacional del Deporte, se hizo un reconocimiento especial a 30 agentes de tránsito por su compromiso y trayectoria en la institución.
Cómo denunciar malos procedimientos policiales de agentes de tránsito
Las inspecciones vehiculares son una herramienta esencial para las autoridades, pero es importante diferenciarlas cuando son llevadas a cabo dentro de la legalidad y conforme a los protocolos establecidos. Un retén ilegal puede presentar características específicas que lo delatan, y es clave reconocer estos signos para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. Generalmente, es montado sin seguir las pautas estipuladas para estos operativos, algo que puede restarle legitimidad y cuestionar la profesionalidad de los oficiales involucrados.
Señales de ilegalidad
Una de las principales señales de ilegalidad es la presencia de menos de diez policías. Por normativa, ningún retén legal puede estar compuesto por un número menor. Además, un retén que no perdure más de diez minutos puede ser considerado sospechoso, puesto que los retenes legales suelen conformarse por lapsos de tiempo de, al menos, sesenta minutos.
La normativa establece que un policía en un retén legal no debe portar un arma de fuego en la mano ni hacer ningún amago de mostrarla, salvo en situaciones excepcionales como una persecución. Si se encuentran irregularidades, los ciudadanos tienen derecho a requerir la identificación de los uniformados, quienes deben exhibir sus credenciales, placas y rangos de forma visible.
En cuanto a quejas o abusos de autoridad cometidos por algún miembro de la autoridad, podrá dirigirse a la estación de tránsito más cercana a nivel nacional y así podrá reportar los presuntos casos relacionados con fenómenos de corrupción o deslegitimación del ejercicio.
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