
“La marcha de las canas” es el nombre con el que el Gobierno bautizó a la manifestación que está convocando para el 19 de septiembre en defensa de la reforma pensional, que está demandada y que ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro.
En un video, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y Gustavo Bolívar, director del DPS, invitaron a la manifestación a favor de la reforma propuesta desde la administración Petro.
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“Esta reforma le entregará un bono de dignidad a 3,2 millones de viejos y viejas de Colombia. Esa reforma está amenazada por una cantidad de demandas de unas personas que, teniendo todos los privilegios, no permiten que los pobres de este país saquen la cabeza y puedan recibir esos 225.000 pesos que pueden servir para su alimentación y para una vida digna”, señaló.
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Por su parte, la ministra señaló: “La reforma de protección al sistema de vejez está andando. Estamos avanzando en su reglamentación. Hay una amenaza grande que nos preocupa y nos unimos a las preocupaciones que nos han hecho llegar los adultos mayores desde muchas regiones del país”.
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La marcha se congregará en Bogotá, en la Plaza de Bolívar. El representante David Racero, del Pacto Histórico, dijo que se está buscando desde sectores políticos y económicos presionar a la Corte Constitucional para tumbar la reforma.
El Pacto Histórico dio a conocer un comunicado de prensa en el que dan detalles de las motivaciones de la marcha y si logística misma.
Una reforma bombardeada
El presidente Gustavo Petro sancionó la reforma pensional el 16 de julio de 2024. La misma, aprobada de manera polémica en el Congreso de la República (la Cámara de Representantes, sin debatirlo, aprobó el mismo texto a que el Senado le dio luz verde), entrará en vigencia el 1 de julio de 2025.
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Sobre esta, que se basa en un sistema de pilares (semicrontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario), hay muchas críticas, principalmente desde la oposición, liderada por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical.
Dentro de lo que no gusta se encuentra que Colpensiones será la principal administradora de pensiones en el país y recibirá a 27 millones de colombianos en su sistema, pese a que, según expertos, no esté preparada. Así las cosas, los fondos privados de pensión (Porvenir, Skandia, Protección y Colfondos) pasarán a un segundo plano. Es así que los colombianos, con un umbral de 2,3 salarios mínimos de cotización, pasarán a la entidad del Estado por obligación.
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Ante esto, las críticas se basan, entre otras cosas, a que quienes cotizan no tendrán libertad para elegir dónde hacerlo, como sucedía hasta ahora. Por eso, ya se anunciaron demandas en la Corte Constitucional para que declare esta ley como inconstitucional.
El alto tribunal ya recibió 14 y el exministro de Justicia y exmagistrado Wilson Ruiz anunció que solicitó que esta se suspenda.
“Por medio de una acción pública de inconstitucionalidad, decidí demandar la ley de reforma pensional. No podemos tolerar que el Gobierno nacional, con ayuda del Congreso de la República, se salten los mandatos constitucionales y legales para el trámite de aprobación de nuestras leyes”, manifestó el exfuncionario.
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Expuso que no se tuvo en cuenta un estudio riguroso sobre el impacto fiscal, así como tampoco se respetó el principio de consecutividad y se eludió el debate. Esto quiere decir, según él, que no se surtieron todas las etapas de trámite dispuestas en la Constitución Política de 1991.
“La protección a nuestra ley y Constitución es mi bandera. Que se adelanten todas las reformas que quieran o que estime el Gobierno nacional, pero bajo los parámetros legales y constitucionales”, finalizó.
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